* Compañero aprista Manuel Gamarra, en menos de dos meses ha contratado a más de 10 personas.
* Instalaciones sirven para reuniones partidarias, vehículo oficial es usado indebidamente. Sirvió para el traslado del premier Jorge Del Castillo.
Vistaprevia/Hugo Mendoza CH.
El nuevo encargado regional de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), Manuel Gamarra Seminario, además del registro público de sus procesos policiales y judiciales, ha empezado a registrar todo un récord de favores a gente de su entorno que ha ubicado en dicha entidad. Gamarra apenas está dos meses como jefe de la Zona Registral Nº 12-Sede Arequipa, pero durante su administración ya entraron a trabajar más de 10 personas. El comentario generalizado es que son compañeros apristas, sin embargo, cuando VISTAPREVIA quiso corroborar tal información en la página web del Partido Aprista Peruano, descubrimos que el padrón de militantes aún no está colgado en el portal.
Dicha lista fue retirada sospechosamente en la campaña electoral presidencial, según los dirigentes debió volver a ser colocada, pero la falta de transparencia en el partido de la estrella es clamorosa.
La contratación de personal tiene agravante especial, pues resulta que varias de las personas que han ingresado no tendrían el perfil que requiere el cargo. Por ejemplo, Iryna Delgado Huertas del Pino es antropóloga, fue contratada para la transferencia de la gestión y le pagaron 2 mil soles por las pocas semanas que laboró.
Otra favorecida es Felícitas Román Bazán, ella trabajó en Autodema y ocurre que por 15 días de trabajo se le pagó 2 mil 200 soles, actualmente sigue trabajando.
En la gestión de Gamarra se ha contratado a 12 personas por Servicios no Personales (SNP), una persona en el Cuadro Asignación de Personal (CAP) y tres practicantes.
En esta institución hay un promedio de 250 trabajadores, de los cuales 77 son nombrados (CAP) y el resto son contratados, SNP y practicantes.
Manuel Gamarra tiene una remuneración mensual de 8 mil 500 soles. Le siguen cinco altos funcionarios con un sueldo de 6 mil 500 soles. Los 23 profesionales (P1) perciben 6 mil soles, los profesionales (P2) 4 mil 500 soles y hay 32 profesionales (P3) con un salario de 2 mil 800 soles. Los 16 técnicos (T2) reciben 2 mil 800 soles.
SIN DECLARACIÓN
Otra información que se maneja al interior de la SUNARP es que Gamarra aún no ha presentado su declaración jurada de bienes patrimoniales como lo dispone la ley. O sea, no sabremos con cuántos ingresos, bienes y demás contaba antes de entrar a esta entidad y con cuánto saldrá.
Este semanario en su edición Nº 33 reveló que Gamarra tiene un récord de denuncias y cuestionamientos que pasan desde la violencia familiar en contra de sus progenitores, hasta el presunto delito de Peculado en contra del Estado.
Su paso por el sector público fue por demás ingrato. Gamarra no sólo cobraba su oneroso sueldo como asesor legal en la anterior gestión del Gobierno Regional (encabezada por Daniel Vera) sino que también recibía sus honorarios como profesor del colegio San Basilio de la provincia de Caylloma. Ya todo el proceso está archivado, pero es un antecedente en su foja de servicios.
LOCAL PARTIDARIO
Gamarra no tiene la prestancia ni la importancia de Agustín Mantilla en el APRA, así que no cita a sus amigos en lujosos restaurantes, sino en su oficina. Es así que en los primeros días de julio, las instalaciones de Registros Públicos se convirtieron en local partidario.
Según el registro de ingresos, la oficina de Gamarra es frecuentemente visitada por
Arturo Valderrama Chávez (ex congresista y actual jefe de PRONAA), Alberto Messa Meza (dirigente aprista y regidor de la comuna provincial), Antonio Gamero (alcalde de Alto Selva Alegre), Luis Alberto Farfán Tanaka (teniente gobernador).
Hubo una mañana, días previos a la llegada del primer ministro, Jorge Del Castillo, en que todas estas personas se reunieron con Gamarra. Fue un verdadero cónclave aprista, donde hubo algunos convidados.
Ese día, el primero en llegar (10:03 horas) fue Edgar Félix Cuadros Corimaya (ex presidente del CONREDE), a los pocos segundos ingresó Arturo Valderrama. A las 10:10 entraron David Enrique Revilla Gallegos, Leonidas Hubert Valdivia Pinto (ex gerente de AUTODEMA), Alberto Messa y Antonio Gamero.
En tanto, a las 10:28 hizo lo propio Godofredo García Delgado, un minuto más tarde Luis Alberto Farfán Tanaka, a las 10:30 Mario Manrique Acosta y a las 11:18 entraron William Abelardo Ortiz Sotomayor y Jorge Luis Rodrigues Muñoz.
Según nuestras fuentes, permanecieron reunidos más de una hora.
USO DE VEHÍCULO
La camioneta Toyota modelo Terrano, color rojo y con placa de rodaje RH 7966, de propiedad de Registros Públicos fue utilizada para trasladar al primer ministro Jorge Del Castillo.
Este uso indebido de un bien del Estado es consentido y promovido por Gamarra, quien en todo pugnó por estar al lado de Del Castillo, incluso abandonó su trabajo en la SUNARP para asistir a la extensa reunión donde participó el Premier.
¿Qué futuro le espera a la SUNARP en manos de un cuestionado aprista? ¿Acaso ese partido político a falta de mejores profesionales y técnicos tuvo que acudir a personajes como Gamarra?
Es necesario que el Sindicato de Trabajadores de la SUNARP se pronuncie e inicie una labor fiscalizadora a la actual gestión. Ojalá no guarden un silencio cómplice.
PERSONAS QUE HAN ENTRADO
A TRABAJAR A SUNARP-AREQUIPA
Cuadro Asignación de Personal (CAP)
José Cárdenas Ticona
Servicios No Personales
Felícitas Román Bazán
Iryna Delgado Huertas del Pino
Arleth Fernán Zegarra Aragón
Iván Sotomayor
Carmen Elena Pastor Muñoz
Óscar Aníbal Irrizábal Salas
José Luis Salas Cáceres
Naldy Canazas Ardiles
María Luisa Ojeda Pino
Cindy Pinto Quintana
Lucy Regina Alfaro Velásquez
Lucy Regina Cohaila Luque
Practicantes
Luis Mansilla Velásquez
Luis Velarde Delgado
Oswaldo Calle Talavera
miércoles, 10 de octubre de 2007
Cerro Verde va perdiendo litigio contra "agricultores"
Cerro Verde va perdiendo
litigio contra “agricultores”
* Disputa de terrenos en Yarabamba entre minera y APIAES mueve el piso al gigante del cobre en Arequipa.
* Fiscalía desestima su demanda y Randy Lee Davenport, ex presidente de la SMCV, está con orden de captura internacional.
Vistaprevia/Hugo Mendoza CH.
La semana pasada, VISTAPREVIA dio a conocer en exclusiva la Resolución del Séptimo Juzgado Penal, que declaraba como reo ausente con orden de captura a nivel local, nacional e internacional al ex presidente de la Sociedad Minera Cerro Verde, Randy Lee Davenport.
A raíz de ello, el gerente de Asuntos Públicos & Comunicaciones de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., Pablo Alcázar, nos envió un comunicado donde se explica ampliamente la disputa judicial que mantiene la mina con un grupo de pobladores en Yarabamba, y al tema de Davenport le dedica un párrafo de apenas tres líneas. Escuetamente Alcázar reconoce la situación judicial del ex presidente de SMCV.
Pero para mayor entendimiento del proceso judicial que sigue la minera contra la Asociación de Productores Industriales Agroecológicos del Sur (APIAES), detallaremos los argumentos de uno y otro lado para que usted saque sus conclusiones.
Todo el problema se origina por la disputa de la posesión de unos terrenos ubicados en el distrito de Yarabamba.
APIAES sostiene que ellos son posesionarios desde 1999 y por tanto les corresponde reclamar la propiedad, pero Cerro Verde los desconoce y señala que tiene la posesión desde el año 2000 gracias a una concesión minera y que además APIAES se constituyó recién en 2003.
Lo cierto es que en el litigio judicial, quien lleva la delantera es APIAES, al menos así lo demuestra el avance del proceso y hasta la declaratoria como reo ausente al ex presidente de la SMCV.
ARGUMENTOS DE APIAES
- Tenemos posesión del terreno (246 hectáreas) desde 1999 en el sector de Cavaria en el distrito de Yarabamba.
- Los agricultores sembraron más de 50 plantones de tara. El presidente de APIAES Félix Bejarano recuerda: “Tenemos una constancia de posicionamiento de los terrenos emitida por el Juzgado de Paz de Yarabamba”.
- El año 2003, la SMCV los denunció por el presunto delito de Usurpación ante la Quinta Fiscalía Penal, sin embargo, la denuncia fue desestimada por la misma Fiscalía.
- El año 2005, APIAES denuncia a la SMCV ante la Tercera Fiscalía por el presunto delito de Usurpación en la modalidad de Destrucción y Alteración de Linderos.
- A consecuencia de esta denuncia, la Primera Fiscalía Superior adjunta, a cargo de María Lazo Rodríguez, ordena abrir instrucción contra Cerro Verde ante el Séptimo Juzgado Penal.
- El 4 de junio de 2007, el Ministerio Público resuelve acusar al entonces presidente de la SMCV, Randy Lee Davenport, por el presunto delito de Usurpación. La denuncia fue presentada por los agricultores.
- El último viernes 13 de julio, Randy Lee Davenport fue declarado reo ausente por el Séptimo Juzgado Penal, a cargo del juez Jaime Coaguila Valdivia, quien además ha dispuesto una orden de captura a nivel local, nacional e internacional. Este juicio está pendiente de emitir sentencia.
- “La posición de los terrenos a favor de APIAES ya está reconocida a nivel prejurisdiccional (Policía), Ministerio Público (Fiscalía) y Juzgado Penal”, señala el abogado de los agricultores, Javier Fernando Ballón Hallasi.
- Se hizo un peritaje de las plantaciones de tara para argumentar la posesión de APIAES desde antes del año 2000. Según el peritaje la antigüedad de los plantones supera los 5 años. Los ingenieros Lucas Vila y Ramiro Revollar hicieron un nuevo peritaje a pedido del Juzgado y corroboraron los anteriores.
- El ingeniero Alejandro Garay realizó el primer peritaje oficial, ordenado por la Fiscalía.
- No conforme con los resultados la SMCV convocó al ingeniero Alcides Claverí para realizar otra evaluación, los resultados de este estudio fueron similares al anterior.
- Según las Constancias de Registros de Predios (búsqueda catastral Nro 81305-06), los terrenos en disputa en el sector Cavaria, Yarabamba de acuerdo al informe técnico 1411-2006/ZRXII-OC-R, no se encuentran registrados.
- APIAES interpuso una demanda de Interdicto de Retener (perturbación de posición), (expediente Nº 8573-2005), ante el Cuarto Juzgado Civil que despacha Eloy Zamalloa. Pendiente señalamiento de audiencia.
- El 26 de mayo de 2006 la minera denuncia nuevamente a APIAES por el mismo delito de Usurpación, esta vez ante la Sexta Fiscalía Provincial Penal.
- El último 11 de julio de 2007, mediante Resolución Nº 346-2006 la Fiscalía declara no ha lugar la citada denuncia.
CONCILIACIÓN
- Félix Bejarano, presidente de APIAES (tienen 20 miembros) refiere que su interés es sembrar más de 100 mil árboles de tara. “El agua la sacaremos del subsuelo”.
- No obstante, reconoce que tienen la voluntad de llegar a una conciliación con la SMCV y desistir de su interés de reclamar la posesión de los terrenos.
- Para ello plantea que se les compense con otros terrenos de la misma extensión o en todo caso les paguen por la inversión que han hecho durante estos años en el área en disputa. Según Bejarano el monto por socio sería alrededor de los 20 mil dólares.
LO QUE DICE LA MINERA
- Se trata de los terrenos ubicados en el distrito de Yarabamba, dentro de nuestra concesión minera metálica Tiabaya 67.
- Entre los años 2003 y 2004, 15 personas de la Asociación de Productores Industriales Agroecológicos del Sur (APIAES) solicitaron en venta directa al Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT), terrenos ubicados parcialmente sobre la concesión minera denominada Tiabaya 67 de Cerro Verde, esto en el distrito de Yarabamba.
- La SMCV, como titular de dicha concesión minera, venía ocupando la zona en mención y cumpliendo con los pagos correspondientes, de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Minería, por lo que de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente, se opuso a las solicitudes presentada por APIAES.
- En mérito a los recursos de oposición interpuestos por la SMCV. La Dirección Regional de Agricultura (DRA) declaró improcedentes las solicitudes; lo que motivó la interposición de recursos impugnatorios de parte de quienes pretendían acogerse al alcance de una ley que no les correspondía. En consecuencia, el Ministerio de Agricultura confirmó el contenido de la Resolución de la DRA y declaró improcedentes las solicitudes de adjudicación en venta directa, presentadas ante el PETT - Arequipa.
-Los solicitantes fueron notificados de acuerdo a ley con la Resolución expedida por la DRA. El principal fundamento de ese documento recae en que la zona no es libre de disponibilidad, por preexistir una concesión minera, cuyo titular es la SMCV, tal y como se acreditó con la Resolución Jefatural N° 01374-2000-RPM, de fecha 5 de abril del año 2000, en cuya parte introductoria se aprecia claramente el día y la hora en que fue presentado el petitorio de la concesión minera, desde esa oportunidad se viene ejerciendo posesión sobre la zona en mención.
- En consecuencia, dichas personas (APIAES) carecen del título justo que los legitime para ocupar los terrenos concesionados a favor de Cerro Verde. La zona en la que se pretenden establecer estos supuestos pequeños agricultores es una zona totalmente árida para el desarrollo de cualquier actividad de tipo agropecuario, ya que no cuenta con agua.
- Respecto a la acción judicial que se seguiría en contra de su ex presidente, Randy Lee Davenport, informan que está siguiendo los cánones legales establecidos y que en todo caso, se procederá de acuerdo a ley.
VISTAZO
¿DAVID Y GOLIAT?
El abogado de la SMCV es Berly Cano Suárez, nada menos que el ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, el mismo que cobró 85 mil soles en seis meses a la comuna provincial por asesorar al ex alcalde Yamel Romero. En tanto, el abogado de APIAES es el joven profesional Javier Fernando Ballón Hallasi.
Además de ello, (según la SUNAT) la vicepresidenta de la SMCV es Julia Torreblanca Marranillo, hija de la fiscal superior, Julia Marmanillo. ¿Quién ganará el litigio?
litigio contra “agricultores”
* Disputa de terrenos en Yarabamba entre minera y APIAES mueve el piso al gigante del cobre en Arequipa.
* Fiscalía desestima su demanda y Randy Lee Davenport, ex presidente de la SMCV, está con orden de captura internacional.
Vistaprevia/Hugo Mendoza CH.
La semana pasada, VISTAPREVIA dio a conocer en exclusiva la Resolución del Séptimo Juzgado Penal, que declaraba como reo ausente con orden de captura a nivel local, nacional e internacional al ex presidente de la Sociedad Minera Cerro Verde, Randy Lee Davenport.
A raíz de ello, el gerente de Asuntos Públicos & Comunicaciones de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., Pablo Alcázar, nos envió un comunicado donde se explica ampliamente la disputa judicial que mantiene la mina con un grupo de pobladores en Yarabamba, y al tema de Davenport le dedica un párrafo de apenas tres líneas. Escuetamente Alcázar reconoce la situación judicial del ex presidente de SMCV.
Pero para mayor entendimiento del proceso judicial que sigue la minera contra la Asociación de Productores Industriales Agroecológicos del Sur (APIAES), detallaremos los argumentos de uno y otro lado para que usted saque sus conclusiones.
Todo el problema se origina por la disputa de la posesión de unos terrenos ubicados en el distrito de Yarabamba.
APIAES sostiene que ellos son posesionarios desde 1999 y por tanto les corresponde reclamar la propiedad, pero Cerro Verde los desconoce y señala que tiene la posesión desde el año 2000 gracias a una concesión minera y que además APIAES se constituyó recién en 2003.
Lo cierto es que en el litigio judicial, quien lleva la delantera es APIAES, al menos así lo demuestra el avance del proceso y hasta la declaratoria como reo ausente al ex presidente de la SMCV.
ARGUMENTOS DE APIAES
- Tenemos posesión del terreno (246 hectáreas) desde 1999 en el sector de Cavaria en el distrito de Yarabamba.
- Los agricultores sembraron más de 50 plantones de tara. El presidente de APIAES Félix Bejarano recuerda: “Tenemos una constancia de posicionamiento de los terrenos emitida por el Juzgado de Paz de Yarabamba”.
- El año 2003, la SMCV los denunció por el presunto delito de Usurpación ante la Quinta Fiscalía Penal, sin embargo, la denuncia fue desestimada por la misma Fiscalía.
- El año 2005, APIAES denuncia a la SMCV ante la Tercera Fiscalía por el presunto delito de Usurpación en la modalidad de Destrucción y Alteración de Linderos.
- A consecuencia de esta denuncia, la Primera Fiscalía Superior adjunta, a cargo de María Lazo Rodríguez, ordena abrir instrucción contra Cerro Verde ante el Séptimo Juzgado Penal.
- El 4 de junio de 2007, el Ministerio Público resuelve acusar al entonces presidente de la SMCV, Randy Lee Davenport, por el presunto delito de Usurpación. La denuncia fue presentada por los agricultores.
- El último viernes 13 de julio, Randy Lee Davenport fue declarado reo ausente por el Séptimo Juzgado Penal, a cargo del juez Jaime Coaguila Valdivia, quien además ha dispuesto una orden de captura a nivel local, nacional e internacional. Este juicio está pendiente de emitir sentencia.
- “La posición de los terrenos a favor de APIAES ya está reconocida a nivel prejurisdiccional (Policía), Ministerio Público (Fiscalía) y Juzgado Penal”, señala el abogado de los agricultores, Javier Fernando Ballón Hallasi.
- Se hizo un peritaje de las plantaciones de tara para argumentar la posesión de APIAES desde antes del año 2000. Según el peritaje la antigüedad de los plantones supera los 5 años. Los ingenieros Lucas Vila y Ramiro Revollar hicieron un nuevo peritaje a pedido del Juzgado y corroboraron los anteriores.
- El ingeniero Alejandro Garay realizó el primer peritaje oficial, ordenado por la Fiscalía.
- No conforme con los resultados la SMCV convocó al ingeniero Alcides Claverí para realizar otra evaluación, los resultados de este estudio fueron similares al anterior.
- Según las Constancias de Registros de Predios (búsqueda catastral Nro 81305-06), los terrenos en disputa en el sector Cavaria, Yarabamba de acuerdo al informe técnico 1411-2006/ZRXII-OC-R, no se encuentran registrados.
- APIAES interpuso una demanda de Interdicto de Retener (perturbación de posición), (expediente Nº 8573-2005), ante el Cuarto Juzgado Civil que despacha Eloy Zamalloa. Pendiente señalamiento de audiencia.
- El 26 de mayo de 2006 la minera denuncia nuevamente a APIAES por el mismo delito de Usurpación, esta vez ante la Sexta Fiscalía Provincial Penal.
- El último 11 de julio de 2007, mediante Resolución Nº 346-2006 la Fiscalía declara no ha lugar la citada denuncia.
CONCILIACIÓN
- Félix Bejarano, presidente de APIAES (tienen 20 miembros) refiere que su interés es sembrar más de 100 mil árboles de tara. “El agua la sacaremos del subsuelo”.
- No obstante, reconoce que tienen la voluntad de llegar a una conciliación con la SMCV y desistir de su interés de reclamar la posesión de los terrenos.
- Para ello plantea que se les compense con otros terrenos de la misma extensión o en todo caso les paguen por la inversión que han hecho durante estos años en el área en disputa. Según Bejarano el monto por socio sería alrededor de los 20 mil dólares.
LO QUE DICE LA MINERA
- Se trata de los terrenos ubicados en el distrito de Yarabamba, dentro de nuestra concesión minera metálica Tiabaya 67.
- Entre los años 2003 y 2004, 15 personas de la Asociación de Productores Industriales Agroecológicos del Sur (APIAES) solicitaron en venta directa al Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT), terrenos ubicados parcialmente sobre la concesión minera denominada Tiabaya 67 de Cerro Verde, esto en el distrito de Yarabamba.
- La SMCV, como titular de dicha concesión minera, venía ocupando la zona en mención y cumpliendo con los pagos correspondientes, de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Minería, por lo que de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente, se opuso a las solicitudes presentada por APIAES.
- En mérito a los recursos de oposición interpuestos por la SMCV. La Dirección Regional de Agricultura (DRA) declaró improcedentes las solicitudes; lo que motivó la interposición de recursos impugnatorios de parte de quienes pretendían acogerse al alcance de una ley que no les correspondía. En consecuencia, el Ministerio de Agricultura confirmó el contenido de la Resolución de la DRA y declaró improcedentes las solicitudes de adjudicación en venta directa, presentadas ante el PETT - Arequipa.
-Los solicitantes fueron notificados de acuerdo a ley con la Resolución expedida por la DRA. El principal fundamento de ese documento recae en que la zona no es libre de disponibilidad, por preexistir una concesión minera, cuyo titular es la SMCV, tal y como se acreditó con la Resolución Jefatural N° 01374-2000-RPM, de fecha 5 de abril del año 2000, en cuya parte introductoria se aprecia claramente el día y la hora en que fue presentado el petitorio de la concesión minera, desde esa oportunidad se viene ejerciendo posesión sobre la zona en mención.
- En consecuencia, dichas personas (APIAES) carecen del título justo que los legitime para ocupar los terrenos concesionados a favor de Cerro Verde. La zona en la que se pretenden establecer estos supuestos pequeños agricultores es una zona totalmente árida para el desarrollo de cualquier actividad de tipo agropecuario, ya que no cuenta con agua.
- Respecto a la acción judicial que se seguiría en contra de su ex presidente, Randy Lee Davenport, informan que está siguiendo los cánones legales establecidos y que en todo caso, se procederá de acuerdo a ley.
VISTAZO
¿DAVID Y GOLIAT?
El abogado de la SMCV es Berly Cano Suárez, nada menos que el ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, el mismo que cobró 85 mil soles en seis meses a la comuna provincial por asesorar al ex alcalde Yamel Romero. En tanto, el abogado de APIAES es el joven profesional Javier Fernando Ballón Hallasi.
Además de ello, (según la SUNAT) la vicepresidenta de la SMCV es Julia Torreblanca Marranillo, hija de la fiscal superior, Julia Marmanillo. ¿Quién ganará el litigio?
Huelga de porfesores sin solución
* Enfrentamiento entre docentes del SUTEP y el gobierno por la Ley de Carrera Pública Magisterial, deja a alumnos con vacaciones obligadas
Vistaprevia/Hugo Mendoza CH.
Los enfrentamientos por la Ley de la Carrera Pública Magisterial recién empiezan. En Lima y en algunas regiones ya se han desatado enfrentamientos. En Arequipa los docentes en huelga han mantenido la calma y no han provocado actos de violencia.
La dirigencia nacional del SUTEP se mantiene firme y continuará con la medida de fuerza dejando a miles de alumnos con vacaciones obligadas.
La Ley en cuestión, en su Art. 28 contempla: “...los profesores que no aprueben la evaluación en primera y segunda oportunidad son capacitados y asistidos para el fortalecimiento de sus capacidades pedagógicas, si después de esta capacitación vuelven a desaprobar son retirados de la carrera magisterial”.
Para Alfredo Aguilar del Centro de Investigación Pedagógica de CORPAIDOS, esta Ley contiene graves errores. “Si la carrera magisterial es progresiva, la salida deber ser igual”, apunta.
Pero el SUTEP tiene su propio planteamiento. Indica que al obtener el nombramiento por concurso público, tal como lo estipula la Ley 24029, no procede ninguna separación, salvo la que señala la reglamentación efectuada con el D.S. Nº 0119-1990, que contempla que la separación de la carrera magisterial sólo se da en dos casos: Por sentencia ejecutoriada y por sanción firme, mediante proceso administrativo (abandono de cargo injustificado).
Según el secretario regional del SUTEP-Arequipa, Hamer Villena Zúñiga, la evaluación debe ser integral y temática. Además rechaza el despido después de tres evaluaciones, por lo que plantea la reconversión profesional (que los reubiquen en el área administrativa).
Tampoco acepta la liberalización de la profesión. “No entendemos por qué si hay 170 mil maestros sin trabajo prefieren que otros profesionales enseñen a los estudiantes”, refiere. De otro lado, rechaza el año de acompañamiento que fija la norma para los docentes que ingresen a la carrera magisterial. “Nosotros en nuestras prácticas estamos acompañados por un profesor, pero ahora nuevamente nos piden esto y parece ilógico”, expresa Villena.
Tras la aprobación de la Ley de Carrera Pública Magisterial en la comisión permanente del Congreso, la huelga indefinida del SUTEP no tiene la menor señal de solución. Todo indica que esta semana los docentes radicalizarán su medida de lucha y pueden registrarse actos violentos.
Por su parte, el gobierno se mantiene firme en su decisión de no dar marcha atrás en lo que ha venido a llamar el inicio de un proceso de revolución en la educación peruana, que apunta a revertir la crisis en la que se encuentra. Los educadores no lo creen y consideran que el objetivo es acabar con el SUTEP y privatizar la educación.
El debate y las protestas continúan y la convulsión social en el país se complica día a día.
La minería informal
también afecta a Arequipa
* Lo ocurrido en Puno no está lejos de producirse en nuestra región
Vistaprevia/Hugo Mendoza CH.
La violenta protesta provocada por la contaminación del río Ramis en Puno, puede repetirse en Arequipa. Resulta que en la región hay más de 35 mil mineros informales que laboran sin las mínimas condiciones de seguridad y sin respetar las normas ambientales. No sólo exponen su vida, sino que dañan las cuencas hidrográficas, los suelos y el aire.
El problema se agrava debido a que la mayoría de los centros mineros clandestinos se encuentran a orillas de los ríos, entre ellos el Cháparra, Atico, Ocoña y Chala. De esta manera, consumen agua contaminada y los pozos que utilizan para procesar su material son focos de infección y de alto peligro.
El secretario de la Comisión Congresal de Energía y Minas, Tomás Cenzano, un su visita a Arequipa la semana pasada, manifestó que buscarán mecanismos para formalizar a los productores mineros artesanales, mediante la aprobación de un proyecto de ley.
“En el Congreso se alista un proyecto de ley de la nueva empresa que entrará al pleno, éste permitirá que los microempresarios con operaciones anuales menores a 100 mil soles, sólo paguen 5% de IGV y 6% de Impuesto a la Renta (IR), y aquí podríamos incluir a los pequeños productores mineros”, dijo.
Pero Cenzano no se ha referido a la contaminación que producen los mineros informales en los ríos de Arequipa.
En nuestra ciudad se estima que hay 35 mil mineros informales. A ellos les pagan poco por el mineral que producen. Mientras que en el mercado internacional la onza de oro se cotiza en 650 dólares, a los mineros les pagan apenas 50.
Para Juan Muñiz, ex director regional de Energía y Minas, la pequeña minería se ha generado debido a la extrema pobreza y el alto precio de los metales genera ambición. “Los mineros informales trabajan en condiciones infrahumanas, desconocen el reglamento de seguridad e higiene minera que dispone el DS 046-2003”, manifestó.
Estos pequeños mineros manipulan el cianuro y el mercurio en forma artesanal y eso trae graves consecuencias, los mata lentamente y contamina el ambiente.
Una "Joya" de contaminación
* Chancherías clandestinas y agua contaminada en el distrito de La Joya.
* Más de 25 mil pobladores consumen agua contaminada del río Chili
Vistaprevia/Hugo Mendoza CH.
El olvido se ha apoderado de La Joya. Aunque ya existen proyectos para mejorar el servicio de agua potable, por el momento éste es deplorable y a ello se suma la existencia de chancherías clandestinas que generan contaminación y la protesta de los pobladores.
En La Joya no sólo consumen aguas servidas que lleva el río Chili desde hace más de dos décadas, sino que soportan a diario los horribles olores que provienen de las chancherías.
Es el caso de Los Rosales, un pueblo joven que no cuenta con servicios básicos (agua, desagüe, luz) y que es el más perjudicado por el funcionamiento de corrales donde se cría gran cantidad de chanchos. Los Rosales está ubicado a escasos cinco metros de las chancherías.
Los otros sectores que también se ven perjudicados son: Marcos Jara, Mi Buen Jesús, Triunfo II, y La Victoria, todos integran el pueblo joven El Triunfo, y se encuentran en el cruce del pueblo tradicional de La Joya.
Vistaprevia viajó hasta ese distrito el pasado jueves. Las casas de esteras y denso polvo nos dieron la bienvenida y a medida que nos acercábamos al pueblo joven Los Rosales el olor que emanaban las chancherias era insoportable.
“Así no se puede vivir ni se puede comer por ese olor”, nos contó Valeriana Quispe, vecina cuya vivienda es la más cercana a la chanchería.
Agrega que sus hijos paran más en el centro de salud que en su casa. Es que en Los Rosales los niños son las principales víctimas de las infecciones diarreicas.
Para el secretario del Frente de Defensa de los Intereses de La Joya, Roberto del Carpio Salinas, las chancherias debieron ser cerradas hace seis meses.
“Se firmó un acta de compromiso entre el dueño de la chanchería, Carlos Castillo, el alcalde y la población, donde se daba el compromiso de cierre de ese local”, refirió.
El documento fue suscrito en julio del año pasado. Ha pasado un año y la autoridad de La Joya no ha tomado las medidas del caso.
Según el dirigente de El Triunfo, Óscar Torres Espinosa, el alcalde del distrito, David Inofuentes Mamani, no tiene el propósito de cerrar las chancherías. “El acta de compromiso sólo es un saludo a la bandera, no hay intención”, dijo.
A pocos metros de las chancherías se ubican tres pozos donde se arrojan los desperdicios con los que se alimentan a los porcinos. Son focos infecciosos de gran magnitud que tienen en jaque a los 15 mil pobladores de la zona.
Además de las nubes de moscas que los moradores deben soportar en sus viviendas, tienen que consumir agua presuntamente potable, pero cuando ésta sale de los grifos o caños, despide un mal olor que la hace imbebible.
“No se puede tomar el agua que sale del caño, incluso después de que la hervimos mantiene ese olor horrible”, nos comenta una vecina.
Los habitantes de La Joya tienen puestas sus esperanzas en los trabajos que se realizan en Canauras (manantiales naturales que se encuentran a unos 5 kilómetros de La Joya). De concretarse esta obra de mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado, el 80% de la población contaría con este servicio.
El presupuesto es de 3 millones 300 mil soles, y es financiado por el Shock de Inversiones del gobierno central y supervisado por el Gobierno Regional de Arequipa.
NI PARA EL CULTIVO
El drama del agua en La Joya alcanza a los agricultores, pues está tan contaminada que no es apta ni para el riego de los campos de cultivo. Sus productos se consumen en Arequipa, pero no pueden acceder a la exportación porque no cumplen las exigencias fitosanitarias (calidad y libre de contaminación).
Perú está a puertas de cerrar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Pero con productos que son regados con la cloaca de Arequipa, es difícil que los agricultores de La Joya puedan ampliar sus fronteras. Las aguas del río Chili llegan a ese distrito después de recibir la descarga del 90% de aguas servidas (desagües) de Arequipa a través del colector de Alata en Tiabaya.
Arequipa sin rumbo y con huelga
* Segunda semana de paralización indefinida espera solución con posible llegada de comisión de Lima.
* El panorama no cambia y Arequipa carece de un vocero oficial del partido de gobierno que sirva de interlocutor
Vistaprevia/Hugo Mendoza CH.
El fantasma del “Arequipazo” está a la vuelta de la esquina. Grupos radicales, una agenda hecha entre gallos y medianoche, indiferencia de autoridades y el incremento del precio de los alimentos de primera necesidad, pueden hacer estallar la bomba en cualquier momento. “El responsable intelectual de los paros es aquel que ofreciendo cosas llega al poder y luego se olvida”, expresó el ex parlamentario Rolando Breña, en el furor del primer día del paro (11 de julio) en la Plaza de Armas.
Ese día aún no se sabía de las pérdidas reales que tendría el sector turismo. Eddy Carpio, dirigente de la Asociación de Agencias de Viaje y Turismo (AVIT) estimó el perjuicio económico en 120 mil dólares por día.
El viernes se tuvo el primer reporte. La Asociación de Hoteles del Perú informó que las pérdidas económicas del sector superaron los 500 mil dólares como producto de los actos de violencia que se registran en el país.
Ese sólo fue el primer síntoma. El presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillen, al igual que el resto de autoridades, no apareció en el paro hasta el último viernes, donde sólo salió para decir a través de un medio de comunicación que hacía un llamado a la unidad y al diálogo.
“Los pedidos de la población son justos, pero hagamos el esfuerzo de unificar a todos para el diálogo del día 17 de julio. Hay que demostrarle al gobierno que somos capaces de resolver nuestros problemas con plataformas de tranquilidad y no de violencia, es el momento de la cohesión”, señaló Guillén.
Tuvieron que pasar tres días de huelga para que el Presidente Regional se pronuncie sobre el paro.
Sólo la segunda vicepresidente Lourdes Mendoza del Solar, en una radio local manifestó que estaba en contra del paro.
Por su parte, el alcalde provincial, Simón Balbuena, en los primeros días de la huelga, estuvo más preocupado en la coronación de la Señorita Arequipa 2007, que en los reclamos de la población. No en vano su primer regidor Carlos Vizcarra, sostuvo que Balbuena está de espaldas al pueblo.
“El Partido Nacionalista está apoyando el paro, la decisión de Simón es personal, pero creo que está de espaldas al pueblo”, nos dijo cuando marchaba por la Plaza de Armas con un pequeño grupo en el segundo día de la jornada de protesta.
El último jueves buscamos a Guillén, nadie sabía dónde estaba. El vicepresidente regional, Carlos Leyton indicó “el Presidente está por ahí, trabajando con los gerentes”.
Ese mismo día Leyton convocó a las autoridades, Colegios Profesionales entre otros, para recién coordinar los puntos a tratar en la posible reunión de este martes 17 con el premier Jorge Del Castillo. Los ausentes en la reunión fueron los dirigentes del FACA.
La agenda acordada contempla entre otras cosas: La apertura de sobres en la licitación para la construcción de la vía Interoceánica el 28 ó 29 de agosto, el levantamiento de las observaciones del proyecto Majes II, la ejecución de la presa de Paltiture, el gasoducto hacia el sur, la transferencia a la región de la Seal y Egasa, el shock de inversiones, atención a la problemática ambiental del río Chili, la reducción del precio de los combustibles y tener una mesa de diálogo permanente.
DIÁLOGO
Los dirigentes del FACA insisten en señalar que el Primer Ministro puede llegar a dialogar sin necesidad de exigir que se levante la huelga indefinida. No obstante, el arribo de una comisión de alto nivel para dar solución a las demandas de esta parte del país, aún no se define.
Los detractores del paro como el amigo íntimo de Alan García y presidente del directorio de Egasa, Adolfo de Córdoba, han señalado que "continuar con la huelga indefinida sería cometer un acto suicida que pone en riesgo el desarrollo de Arequipa".
Alan García no se quedó atrás e incendió más la pradera con sus declaraciones.
"Es el comunismo que se niega a morir y que siempre está detrás de todas estas cosas hacia la violencia, hacia el enfrentamiento entre peruanos. Mano dura con esa gente. Eso es lo que quiere el pueblo. Basta de desorden”.
Más que soluciones, García a optado por enfrentar hasta con insultos a quienes promueven las huelgas y paros en el país. Son días cruciales en su gobierno, no sólo debe afrontar el descenso de su aprobación en las encuestas, sino la posibilidad de recibir su primer año de gobierno en medio de un país convulsionado y paralizado.
Otro alcalde en problemas por compra de camión
* En Yanahuara, Milton Vera deberá responder por la compra de un camión cisterna del año 1989 a 56 mil 200 soles, cuando su anterior dueña lo adquirió a 3 mil dólares.
* En Socabaya y Majes burgomaestres terminaron en prisión por adquirir vehículos revalorizados y hasta con documentos falsificados.
Vistaprevia/Hugo Mendoza CH.
El alcalde de la municipalidad de Yanahuara, Milton Vera, compró un camión cisterna en 56 mil 200 soles cuando este mismo vehículo había sido adquirido por su anterior propietario a sólo 3 mil dólares.
Este caso de presunta revalorización, se remonta a finales del año 2003 cuando la gestión de Vera aprobó la compra de un camión cisterna y convocaron a un proceso de adjudicación selectiva, es decir, no fue una licitación abierta, sino que sólo se invitó a tres empresas.
Nada de extraño tendría esta compra si no fuera por las presuntas irregularidades que se cometieron. Por ejemplo, un simple análisis de los documentos registrales del camión revela que antes que la comuna de Yanahuara lo compre a 56 mil 200 soles, fue vendido a 3 mil dólares y nada menos que a la persona que terminó haciendo el negocio con la gestión de Vera.
La empresa que ganó el proceso fue COMREYSUR de propiedad de Zaida Madeleine Llallacachi Gutiérrez. Sólo un punto en la calificación de las propuestas técnicas y económicas le permitió ser la ganadora. COMREYSUR logró 99 puntos y la empresa Suministros Generales 98 puntos.
Otro asunto que resulta extraño es que la propietaria de COMREYSUR recién compró el camión en noviembre de 2003, a pocos días de la convocatoria que hizo la municipalidad de Yanahuara.
Esa coincidencia o casualidad le permitió a Llallacachi hacer un negocio redondo, pues compró el camión a 3 mil dólares y lo terminó vendiendo en más de 17 mil dólares.
El camión en mención es del año 1989. Es de colores azul, blanco, rojo y celeste. Su placa de rodaje es XH-1768. El contrato de compra venta fue firmado el 9 de enero de 2004.
Este caso hace recordar lo ocurrido en otras municipalidades distritales como las de Socabaya y Majes. El ex alcalde socabayino, Moisés del Carpio actualmente sigue en prisión por haber comprado dos camiones para esa municipalidad, cuyos documentos estaban falsificados.
La compra la hizo en Juliaca y pagó más de 60 mil soles por cada vehículo, ambos tenían más de 20 años de antigüedad. En las tarjetas de propiedad se alteró los años de fabricación.
En Majes pasó una situación similar con el ex alcalde Fernando Huarca Usca, quien también estuvo en prisión por haber comprado una camioneta revalorizada y que el municipio nunca le dio uso.
En Yanahuara, Milton Vera cumple su segundo período como alcalde y deberá responder sobre lo ocurrido en esta compra.
Ex Presidente de Cerro verde con orden de Captura
Ex presidente de
Cerro Verde con
orden de captura
* Randy Lee Davenport no se presentó al juicio por el presunto delito de Usurpación que le iniciaron agricultores de Yarabamba. Séptimo Juzgado Penal lo declaró reo ausente
Vistaprevia/Hugo Mendoza CH.
El último viernes 13 de julio, el ex presidente de la Sociedad Minera Cerro Verde, Randy Lee Davenport fue declarado reo ausente por el Séptimo Juzgado Penal, a cargo del juez Jaime Coaguila Valdivia, quien además ha dispuesto una orden de captura a nivel local, nacional e internacional. Davenport es de nacionalidad estadounidense y fue presidente de Cerro Verde hasta abril de 2004.La acusación que se le imputa es por Usurpación y está contemplada en el expediente 2006-02597-0-0401-JR-PE-7.
Todo el proceso judicial se inició tras la denuncia interpuesta por la Asociación de Productores Industriales Agroecológicos del Sur (APIAS) en la Tercera Fiscalía, esto en el año 2005.
Sobre este hecho el Ministerio Público, con fecha 4 de junio de 2007, a cargo de Julio Moscoso Álvarez, fiscal provincial penal, se pronunció mediante el dictamen elaborado en base a la acusación 46-2007-7FPP-MP-AR.
Moscoso recomienda que a Randy Lee Davenport se le imponga dos años de pena privativa de la libertad y se le obligue al pago de una reparación civil de 5 mil nuevos soles en favor de APIAS.
El ex funcionario de Cerro Verde es acusado por el delito de Usurpación en la modalidad de alteración de linderos y actos perturbatorios, previsto y penado en el Art. 202, inciso 3 del Código Penal.
CONFLICTO
¿Cómo empiezan los conflictos entre la SMCV y la Asociación de Productores Industriales Agroecológicos del Sur? Todo empieza en 1999, año en que los miembros de la asociación se posicionan de un terreno de 246 hectáreas en el sector de Cavaría en el distrito de Yarabamba.
Según el presidente de APIAS, Félix Bejarano, el terreno iba a ser destinado a la explotación agrícola de frutales y otros. “Nosotros ya estábamos posesionados de los predios, por lo que habíamos delimitado. Estábamos en pleno trámite del título de propiedad”, refiere.
Pero en 2003, la empresa Cerro Verde obtuvo la concesión minera en el mismo lugar por un área de mayor extensión y denunció a los agricultores por Usurpación ante la Quinta Fiscalía Penal.
La denuncia fue desestimada por la Primera Fiscalía Superior, en vista de que el posicionamiento de los agricultores era pacífico.
La minera no se quedó atrás, en marzo de 2005 ordena la construcción de un muro, con fines de delimitar el área de 600 mil hectáreas de concesión que habían obtenido. “En los terrenos nos hicieron destrozos, pusieron tranqueras, hasta una garita de control con policía particular, impidiéndonos el ingreso a las tierras en las que ya estábamos posesionados”, recuerda Félix Bejarano.
Ante esta situación, ese mismo año, la Asociación de Productores denuncia a Cerro Verde en la Tercera Fiscalía por el delito de Usurpación.
Como consecuencia de esta denuncia, la Primera Fiscalía Superior adjunta, a cargo de María Lazo Rodríguez, ordena abrir instrucción contra Cerro Verde ante el Séptimo Juzgado Penal.
“Los hechos fueron evidentes, habían destruido nuestras plantaciones de tara y frutales”, señala Bejarano.
Asimismo, el Ministerio Público en las investigaciones realizadas determinó que los responsables por el presunto delito de Usurpación eran Randy Lee Davenport, Juan Carlos Zárate Wendorff (funcionarios que soltaron la orden) y Edwin Maque Silva (gerente de una service que ejecutó el trabajo).
La Asociación de Productores ha solicitado una reparación civil de 900 mil soles. “Nuestra intención es plantar 100 mil arbolitos, en el terreno que es nuestra posesión, porque Yarabamba es uno de los distritos más contaminados por la actividad de la mina”, señaló Bejarano.
Cerro Verde con
orden de captura
* Randy Lee Davenport no se presentó al juicio por el presunto delito de Usurpación que le iniciaron agricultores de Yarabamba. Séptimo Juzgado Penal lo declaró reo ausente
Vistaprevia/Hugo Mendoza CH.
El último viernes 13 de julio, el ex presidente de la Sociedad Minera Cerro Verde, Randy Lee Davenport fue declarado reo ausente por el Séptimo Juzgado Penal, a cargo del juez Jaime Coaguila Valdivia, quien además ha dispuesto una orden de captura a nivel local, nacional e internacional. Davenport es de nacionalidad estadounidense y fue presidente de Cerro Verde hasta abril de 2004.La acusación que se le imputa es por Usurpación y está contemplada en el expediente 2006-02597-0-0401-JR-PE-7.
Todo el proceso judicial se inició tras la denuncia interpuesta por la Asociación de Productores Industriales Agroecológicos del Sur (APIAS) en la Tercera Fiscalía, esto en el año 2005.
Sobre este hecho el Ministerio Público, con fecha 4 de junio de 2007, a cargo de Julio Moscoso Álvarez, fiscal provincial penal, se pronunció mediante el dictamen elaborado en base a la acusación 46-2007-7FPP-MP-AR.
Moscoso recomienda que a Randy Lee Davenport se le imponga dos años de pena privativa de la libertad y se le obligue al pago de una reparación civil de 5 mil nuevos soles en favor de APIAS.
El ex funcionario de Cerro Verde es acusado por el delito de Usurpación en la modalidad de alteración de linderos y actos perturbatorios, previsto y penado en el Art. 202, inciso 3 del Código Penal.
CONFLICTO
¿Cómo empiezan los conflictos entre la SMCV y la Asociación de Productores Industriales Agroecológicos del Sur? Todo empieza en 1999, año en que los miembros de la asociación se posicionan de un terreno de 246 hectáreas en el sector de Cavaría en el distrito de Yarabamba.
Según el presidente de APIAS, Félix Bejarano, el terreno iba a ser destinado a la explotación agrícola de frutales y otros. “Nosotros ya estábamos posesionados de los predios, por lo que habíamos delimitado. Estábamos en pleno trámite del título de propiedad”, refiere.
Pero en 2003, la empresa Cerro Verde obtuvo la concesión minera en el mismo lugar por un área de mayor extensión y denunció a los agricultores por Usurpación ante la Quinta Fiscalía Penal.
La denuncia fue desestimada por la Primera Fiscalía Superior, en vista de que el posicionamiento de los agricultores era pacífico.
La minera no se quedó atrás, en marzo de 2005 ordena la construcción de un muro, con fines de delimitar el área de 600 mil hectáreas de concesión que habían obtenido. “En los terrenos nos hicieron destrozos, pusieron tranqueras, hasta una garita de control con policía particular, impidiéndonos el ingreso a las tierras en las que ya estábamos posesionados”, recuerda Félix Bejarano.
Ante esta situación, ese mismo año, la Asociación de Productores denuncia a Cerro Verde en la Tercera Fiscalía por el delito de Usurpación.
Como consecuencia de esta denuncia, la Primera Fiscalía Superior adjunta, a cargo de María Lazo Rodríguez, ordena abrir instrucción contra Cerro Verde ante el Séptimo Juzgado Penal.
“Los hechos fueron evidentes, habían destruido nuestras plantaciones de tara y frutales”, señala Bejarano.
Asimismo, el Ministerio Público en las investigaciones realizadas determinó que los responsables por el presunto delito de Usurpación eran Randy Lee Davenport, Juan Carlos Zárate Wendorff (funcionarios que soltaron la orden) y Edwin Maque Silva (gerente de una service que ejecutó el trabajo).
La Asociación de Productores ha solicitado una reparación civil de 900 mil soles. “Nuestra intención es plantar 100 mil arbolitos, en el terreno que es nuestra posesión, porque Yarabamba es uno de los distritos más contaminados por la actividad de la mina”, señaló Bejarano.
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