Acusan a Cerro Verde por delito ecológico

*Más de tres mil plantaciones de Tara estarían siendo afectadas por contaminación en Yarabamba.

Vistaprevia/Hugo Mendoza CH.

La disputa por la posesión de un terreno en Yarabamba entre Sociedad Minera Cerro Verde y la Asociación de Productores Industriales Agroecológicos del Sur (APIAES) cada vez va tomando nuevos rumbos. Ahora los agricultores denuncian a la minera por delito ecológico.
Resulta que según los asociados de APIAES, más de tres mil plantaciones de árboles Tara están siendo afectados por la contaminación minera. “Nuestras plantaciones se han visto seriamente perjudicadas por el polvo que se ve en las hojas de las plantas”, afirmó Félix Bejarano, presidente de APIAES.
“La próxima semana formalizaremos la denuncia penal por delito ecológico, en salvaguarda del medio ambiente”, agregó. Señala además que APIAES tiene programado plantar más de 100 mil árboles de Tara.
Hace poco, VISTAPREVIA reveló que los niveles de PM10 (material particulado) en el distrito de Yarabamba sobrepasan los estándares de calidad del aire en su medición anual. La empresa Cerro Verde contrató a una consultora que increíblemente concluyó indicando que la presencia de PM10 se debe a que hay quema de pastos en la zona.
Esta situación resulta más que irrisoria, pues en la zona de influencia de la mina en Yarabamba no hay pastos. La zona es árida.
Y la mejor demostración que la empresa contamina, la dio la Dirección de Salud Ambiental, cuyos resultados también publicamos en este semanario. Allí se distinguía claramente que la presencia de material particulado en Yarabamba es elevado.
De otro lado, los agricultores de dicho distrito han mostrado su malestar por las operaciones de la minera en “Cerro Negro”.
“Las explosiones son fuertes, se siente como si fuese un temblor, en algunas casas se han abierto grietas y rajaduras”, señaló un poblador del lugar. Esta situación tiene que ser corroborada por las autoridades competentes.

UN JUICIO INCÓMODO
A más de tres años, el proceso judicial entre APIAES y la SMCV por la posesión de un terreno de 246 hectáreas, aún no se resuelve. Este lunes 19, recién empezará el informe oral en el Séptimo Juzgado Penal a cargo del juez Orlando Abril Paredes.
El juicio se inició tras la denuncia interpuesta por APIAES en la Tercera Fiscalía, por el presunto delito de usurpación en la modalidad de alteración de linderos contra el ex presidente de Cerro Verde, el norteamericano Randy Lee Davenport. Este hecho ocurrió el año 2003. APIAES en este litigio ha solicitado que a Cerro Verde se le considere como tercer civil responsable.
El Juez Orlando Abril antes de emitir pronunciamiento de la resolución sobre el pedido de los agricultores solicitó que se corra traslado a la Séptima Fiscalía Provincial Penal, a cargo de Julio Moscoso, esto con el fin de que el fiscal se pronuncie sobre si a Cerro Verde se le considera o no como tercer civil responsable.
El fiscal Moscoso el 27 de agosto de este año, opinó que se debería declarar procedente el pedido de los agricultores y consideró que la minera es tercer civil responsable, pero el juez Orlando Abril no tomó en cuenta la opinión de Moscoso y determinó lo contrario.
Los agremiados de APIAES han presentado un recurso de apelación a la Cuarta Sala Penal a cargo de los magistrados Chávez Zapater, Luna Regal y Munóz Rendón. La Sala antes de pronunciarse derivó la denuncia a la Cuarta Fiscalia Superior Penal. El dictamen está pendiente de pronunciamiento.
Para este litigio Cerro Verde ha contratado los servicios del ex presidente de la Corte Superior de Justicia, Berly Cano Suárez, el mismo abogado que cobró 85 mil soles a la Municipalidad Provincial por atender los juicios del ex alcalde Yamel Romero. En ese tiempo la hija de Cano laboraba en el municipio. El abogado de APIAES es el joven abogado Javier Ballón Allasi.
Entre la minera y APIAES existe más de un juicio. Por ejemplo hay la denuncia por falsedad genérica a Patricia Quiroz, otra abogada de Cerro Verde, además de la demanda de desalojo precario contra cada uno de los socios de APIAES interpuesta por la minera.
“El juicio es engorroso y se viene dilatando mucho”, señaló Bejarano. Lo cierto es que en el litigio quien lleva la delantera es APIAES, al menos así lo demuestra el avance del proceso y hasta la declaratoria como reo ausente al ex presidente de la SMCV ¿El gigante del cobre en Arequipa dejará que unos agricultores le ganen el juicio y la posesión de 246 hectáreas?

Alcaldes sobre rueda

*Burgomaestres de Callalli y Mariano Melgar gastaron 226 mil 535 soles en comprar lujosas camionetas y motos desconociendo Ley de Austeridad

Vistaprevia/Erika Romero Díaz

El lujo los caracteriza. Poco les importa la pobreza de su población. Se trata de los alcaldes de las municipalidades de Callalli (Caylloma) y de Mariano Melgar.
Los burgomaestres de ambos distritos: Maximiano Huayta Gonzáles (Callalli), y Óscar Ayala Arenas (Mariano Melgar) han adquirido lujosas camionetas sin importarles las normas de autoridad vigentes.
Ambos burgomaestres no se conocen pero comparten el gusto por las ruedas y las tuercas. Maximiano Huayta forma parte del movimiento Arequipa, Tradición y Futuro, que lidera el presidente regional, Juan Manuel Guillén Benavides. En tanto que Óscar Ayala pertenece al partido político Fuerza Democrática (FD) del abogado banquero Marco Falconí.
La compra de la camioneta en Callalli tiene ribetes de escándalo. Es una burla a la pobreza de su población. Así queda demostrado con las exigencias que figuran en las bases del proceso de compra. Los miembros del Comité Especial Permanente de la Municipalidad Distrital de Callalli, Roberto Vera Chalco, Daniel Gonzáles Vilcahuaman y Zacarías Condo Yucra expresaron que la camioneta es una diesel 4 x 4 turbo intercooler de color verde, del año y con capacidad para cuatro personas (doble cabina).
En cuanto al equipamiento interno cuenta con aire acondicionado, alarma de luces encendidas, cierre centralizado, computadora a bordo, radio AM y FM con CD, MP3, aire forzado y calefacción, entre otros detalles.
El lujoso vehículo, según la información publicada en el portal web del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), es para las áreas de Obras Públicas y Seguridad Ciudadana. Sin embargo, este semanario se comunicó vía telefónica con los pobladores del mencionado distrito y explicaron que quien utiliza la camioneta marca Toyota es el alcalde Maximiano Huayta Gonzáles.
Otro de los detalles que llama la atención es que el vehículo costó 87 mil 927 soles y se pagó a la empresa ganadora, Concesionarios Autorizados SAC, con el dinero del canon y sobrecanon.
La ley de canon específica que los recursos de canon y sobrecanon deben ser utilizados en ejecutar obras de impacto regional, tales como construcción y mejoramiento de carreteras, tendidos de redes de agua y desagüe, colegios, pero no para adquirir vehículos.
Especialistas consultados sobre este tema indicaron que el burgomaestre de Callalli, habría cometido el delito de peculado en la modalidad de malversación de fondos.
Además de esta compra, el 16 de este mes se adquirió una moto valorada en 12 mil 392 soles que sería asignada para la oficina de Seguridad Ciudadana. La compañía Aldamotors Servicio Automotriz fue la que ganó la licitación de Menor Cuantía.

AYALA ENTRE RUEDAS
No es corredor de autos como su hermano menor, William Ayala Arenas. No obstante, el alcalde de Mariano Melgar, Óscar Ayala, sabe de carros. En este municipio se convocó la licitación Directa Selectiva para dos camionetas doble cabina gasolineras 4x2, del año y dos motos para el área de Seguridad Ciudadana.
En el SEACE se lee que los dos primeros vehículos, tendrían sistema de ventilación y calefacción, radio AM, FM, reproductor de CD con 4 parlantes, faros halógenos, cinco velocidades más retroceso, entre otros detalles. El monto de estos lujosos vehículos ascendió a 118 mil 283 soles y quien se adjudicó la compra fue Concesionarios Autorizados SAC.
En cuanto a las motocicletas que compraron, ambas deben ser del año, tienen que tener una cilindrada de 124 CC, el sistema de arranque puede ser de patada y eléctrico, debe tener cinco velocidades y las llantas son todo terreno. Aldamotors Servicio Automotriz EIRL se adjudicó la compra de las motos y recibió cerca de 7 mil 933 soles.
Los Órganos de Control Institucional (OCI) de estas dos municipalidades deben investigar las compras de estos vehículos dado que la Ley del Presupuesto para el Sector Público para el 2007 (Ley 28927) prohíbe en el Artículo 4 la compra de automóviles, camionetas y station wagons salvo que éstas sean para la reposición en caso de pérdida total.


Vistazo: Es casi improbable que los regidores de ambos municipios decidan investigar estas compras ya que Maximiano Huayta Gonzáles y Óscar Ayala Arenas cuentan con la mayoría de concejales.

Justo Mayta se queda sólo

Justo Mayta se queda sólo

Regidores de Paucarpata denuncian a Justo Mayta de no brindarles información adecuada

Vistaprevia/Hugo Mendoza CH.

Justo Mayta no sólo se aferró al incremento de sueldo de más de cinco mil soles, sino que ahora afronta una férrea oposición de sus regidores. Son seis concejales, tanto de minoría como de mayoría, que han abandonado al alcalde de Paucarpata denunciando falta de transparencia en el manejo de su gestión.
Todo quedó evidenciado la semana pasada en una sesión de concejo, donde los seis regidores mostraron abiertamente su inconformidad por la poca información que se les brinda sobre lo que ocurre en la comuna distrital.
Los problemas se iniciaron en el mes de agosto cuando Mayta informó que se suscribió un convenio entre el Gobierno Regional y la comuna de Paucarpata para la ejecución de la Posta de Salud en la zona C-D de Miguel Grau, asimismo para el mejoramiento de la Av. Miguel Grau. El monto de cofinanciamiento se fijo en un millón 500 mil soles.
Pero sorpresivamente las cosas cambiaron. En la última sesión de consejo del 30 de octubre se informó que la obra ya no costará un 1 millón 500 mil soles sino un millón 800 soles. Los regidores no encontraron explicación alguna, no se les ha brindado información sobre el convenio.
Parar el regidor Juan Mamani Quea no se está respetando la ley. “El alcalde pide ampliación de presupuesto, pero nosotros no contamos con ningún tipo de información, estamos en contra de la forma como se vienen llevando las cosas en esta comuna”, comentó.Los regidores que salieron al frente son de diversas bancadas y afirman que no están en contra de las obras que se vienen llevado en Paucarpata, sino en la forma en que se realizan. Estos son los regidores Ubaldo Puma Fuentes, Consuelo Teodora Pacheco

Surge frente en contra de explotación de mineros

* En Arequipa más de 30 mil obreros de mina no están afiliados a un sindicato.

Vistaprevia/Hugo Mendoza CH.

En la inauguración de la nueva planta de sulfuros primarios de Cerro Verde la semana pasada, el presidente Alan García, destacó la bonanza de la minería, pero no dijo esta boca es mía respecto a las condiciones infrahumanas en las que laboran más de 30 mil pequeños y medianos mineros sin organización, esto sólo en Arequipa, pues a nivel nacional la cifra crece.
El “boom” minero no alcanza a quienes laboran en services, modalidad por la que han optado la mayoría de empresas mineras para contratar personal y no pagarle los beneficios sociales que la ley ordena.
La Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Susana Pinilla Cisneros, a través de un medio nacional señaló, que sólo 6 % de trabajadores acató la huelga minera. Agregó que se produjo una pérdida por 15 millones de dólares.
A decir de Zenón Mujica Secretario General Adjunto de la Federación de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú-Arequipa, existe una abierta explotación laboral de parte de las empresas mineras.
“Los sueldos de los mineros son pésimos en relación al trabajo que realizamos. Por 240 horas de trabajo mensuales, les pagan entre 850 soles y 1200 soles”, indicó.
La dirigencia que encabeza Mujica busca hacer respetar los derechos de los trabajadores.
En Arequipa, sólo en la Sociedad Minera Cerro Verde, minas Calpa, Arrutan, Orcopampa y algunas minas de Chala existen sindicatos, en el resto de minas simplemente no existen o las mineras no permiten que se constituyan.
El último viernes se ha formado un nuevo sindicato en la minera Pampa de Cobre, más conocida como Chapi.
Uber Nina, elegido como Secretario General, dice: “no sabíamos cómo defender nuestros derechos, ahora recién estamos organizados”.
Agregó que de los 400 trabajadores que existen en esa mina, la mayoría ha optado por sindicalizarse. Los mineros que no están sindicalizados son los que sufren más atropellos. En la región sólo cinco mil trabajadores mineros son sindicalizados.
Hace dos semanas, hubo una huelga nacional minera que provocó gran preocupación en las autoridades. No obstante, la demanda de los trabajadores no ha sido bien tomada por la mayoría de la población, ocurre que reclamaban que eliminen los topes en el reparto de la productividad. Con ello, las empresas ya no darían el aporte que anualmente dan a las regiones de donde extraen mineral.

JUBILACIÓN
No sólo el bajo sueldo que perciben afecta a los mineros sino que las leyes no les favorecen. El promedio de vida de un trabajador minero es de 50 años. Sin embargo, los que están afiliados a las AFPs deben jubilarse a los 65 años.
La principal enfermedad que sufren los mineros es la silicosis, producto de los gases tóxicos, que atacan directamente a los pulmones.


La Ministra Pinilla informó que de las más de once mil inspecciones realizadas el presente año, cerca del 30 % se han realizado en el sector minero, habiendo abarcado no sólo a las empresas principales, sino a las de intermediación laboral y a las contratistas y subcontratistas.
Eso no basta, hasta el momento ninguna minera ha sido sancionaba por abuzar de sus trabajadores, además no se ha hecho nada por regular la minería informal donde esta el grueso de los trabajadores mineros. Ha este paso cuando se acabe la bonanza minera, muchos pueden ser los perjudicados.

El caos del transporte lo genera el Municipio

* La Municipalidad provincial suspendió hace un mes atrás la ampliación de ruta de la empresa de transportes COTASPA, pero esta empresa siguió circulando
*La semana pasada provocó un accidente que dejó 29 heridos, este hecho sucedió en la ruta suspendida

Vistaprevia/Hugo Mendoza CH.

El fatal accidente de una coaster que se produjo en Cayma la semana pasada con el saldo de 29 heridos, pudo evitarse. Ocurre que la Municipalidad Provincial de Arequipa el 24 de setiembre de este año, suspendió la ampliación de ruta de la Empresa de Transportes COTASPA, sin embargo, esta empresa siguió y sigue circulando con la venía de la comuna provincial.

Este semanario tuvo acceso a la Resolución de Alcaldía Nº 540 que en su parte Resolutiva declara la nulidad de oficio de las resoluciones de ampliatorias interpuestas por la empresa COTASPA.

A pesar de que las coasters no podían circular, la MPA no ha hecho nada para evitarlo. La empresa COTASPA en el 2006 consiguió dos ampliaciones de rutas. La primera se refiere al sector de Juan Pablo Vizcardo Guzmán hasta Simón Bolívar y la segunda ampliación es para la parte de Alto Cayma, Comité 16.

COTASPA inicialmente tuvo dos rutas, la A028 Ciudad mi Trabajo, Cercado, La Libertad y la ruta A029 y sus vectores (AO29A AO 29B), Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Yanahuara, los Cristales y Pachacútec, pero es en esta última ruta dónde surgen los problemas.

¿FAVORES?
La Municipalidad Provincial en el año 2004 a través de una Resolución Directorial canceló la ruta por abandono de servicio a COTASPA, pero esta empresa presentó un recurso de apelación. El 10 de agosto de 2005 a través de la Resolución de Alcaldía Nº 628-2005 declara infundada el pedido de COSTASPA.

Una vez agotada la parte administrativa la contienda siguió en el Poder Judicial. La empresa COTASPA interpuso una demanda Contenciosa Administrativa en contra de la Municipalidad, con el fin de que se deje sin efecto las Resoluciones de Alcaldía, donde se sanciona a COTASPA con la cancelación de la ruta A029 y sus vectores.

Frente a este hecho, el Décimo Juzgado Civil dispone dictar medida cautelar de no innovar a favor de COTASPA, con esta disposición la empresa se comprometía a no alterar la ruta y respetarla.

La empresa COTASPA en la demanda Contenciosa Administrativa en contra de la MPA, en primera instancia pierde. En la sentencia del 18 de enero de 2007, se declara infundada la medida contenciosa. Sin embargo COTASPA ha apelado y actualmente se encuentra en la Segunda Sala Especializada en lo Civil.

Entre ese mar de problemas que vienen desde el año 2004, la empresa COTASPA consiguió la ampliación de la ruta A029. La primera fue el 25 de septiembre de 2006 y la segunda el 24 de abril. La gestión de Yamel Romero fue complaciente a la hora de otorgar la ampliación de rutas, a pesar que no se ha resuelto el problema en la vía judicial.

El conflicto por la ruta A029 no tiene cuando acabar. La Empresa Génesis de Alto de la Luna tuvo problemas con COTASPA por la ampliación de ésta. La gestión de Simón Balbuena el 24 de abril de este año a través de la Resolución Gerencial 1006 llega a conciliar entre las dos empresas, con la modificación de algunas calles.

MÁS ERRORES
La gestión de Balbuena actuó de la misma manera a la anterior autoridad edil Yamel Romero al no inhibirse sobre el problema hasta que el Poder Judicial resuelva la Acción Contenciosa Administrativa.

Los directivos de la Empresa de Transportes Unidos de Pasajero y Servicio (ETPSSA) también fueron perjudicados por las ampliaciones de rutas concedidas a favor de COTASPA.

Por tanto el 29 de enero de 2007 miembros de ETPSSA presentan a la MPA un expediente dónde demandan la nulidad de las ampliaciones de ruta, asimismo piden la inhibición por parte de la Municipalidad Provincial hasta que se resuelva la Acción Contenciosa Administrativa.

“Esperamos por más de seis meses y recién nuestro pedido se ha hecho realidad en el mes de septiembre” sostiene Hugo Choque Sayco, gerente de la empresa ETPSSA, refiriéndose a la resolución de Alcaldía dónde se declara la nulidad de las ampliaciones. Por su parte José Talavera Ortega refiere que “la Municipalidad no está haciendo cumplir las normas”.

Lo curioso del caso es que la empresa COTASPA una vez conseguidas las ampliaciones de ruta presentó la petición de inhibición a la gestión de Balbuena. En la Resolución de Alcaldía del 25 de junio de 2007 se declara fundada la petición por COTASPA por tanto la MPA debe inhibirse hasta que el poder judicial resuelva en última instancia el litigio.
El mismo pedido de inhibición que ETPSSA ha presentado en enero de este año ha sido atendido el 24 de septiembre de 2007, sin embargo COTASPA presentó el pedido en mayo y en junio ya tenía resultados. Al parecer los gerentes de transportes de la gestión Balbuena tienen su corazoncito de COTASPA.

Centro histórico desprotegido

* Según las normas vigentes no se puede registrar un predio antiguo en Registros Públicos, pero sí se puede destruir cualquier patrimonio cultural

Vistaprevia/Hugo MendozaCH.

Las actuales leyes y normas no protegen el patrimonio cultural, por el contrario permiten depredarlo. Un ejemplo claro es lo que puede ocurrir con el Centro Histórico de Arequipa, que el año 2000 fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

La legislación peruana no favorece su cuidado. Todo ello se ve reflejado en los errores que se comenten al formular las leyes.

Es el caso de la ley 29090 de Regularización de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, del 25 de setiembre de 2007, donde se comete un grave error u omisión. Resulta que en esta ley no está contemplada, entre los requisitos para obtener una licencia de obra municipal en zonas patrimoniales, la autorización previa del Instituto Nacional de Cultura (INC).

Si bien es cierto que el INC puede declarar las casonas antiguas como patrimonio cultural, sorprendentemente éstas no se pueden inscribir en Registros Públicos porque las actuales normas no lo permiten.

En esta misma ley en su Art. 30 se refiere a la regularización de edificaciones construidas. En esta norma se da un plazo hasta el 31 de diciembre de 2008 para regularizar los predios edificados después del 20 de julio de 1999. Se incluyen las zonas de Protección del patrimonio histórico, como es el caso del Centro Histórico de Arequipa.

Pero la SUNARP con la complacencia del INC no permite que se pueda registrar una propiedad histórica. Registros Públicos a través del informe Nº 308-2007-ZR.Nº XII-PI/GR sostiene que las leyes 27580 y 28296 y demás normas reglamentarias (texto único ordenado de la ley 27157 aprobado con Decreto Supremo Nº 035-2006-vivienda), se ha prohibido el trámite de regularización de edificaciones en bienes integrantes del patrimonio cultural de la Nación.

Según el arquitecto Manuel Lazo Rodríguez, las dos leyes a las que hace referencia Registros Públicos expresan claramente que las propiedades se pueden regularizar. “Registros Públicos realiza una mala interpretación de la norma, las leyes 27580 y 28296 expresan que las propiedades de centros históricos se pueden regularizar”, anota.
El Instituto Nacional de Cultura a través del oficio Nº 347 2007-0A/INC sostiene que no está permitido la regularización de cualquier tipo de obra efectuado en un inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación.

Los centenares de leyes que se han emitido para proteger el patrimonio cultural siempre han tenido graves errores, por ejemplo, el Decreto Supremo Nº 003-2006-Vivienda, debió cumplir con un mandato de la Ley 27580 que dispone medidas de protección que debe aplicar el INC para la ejecución de obras en bienes culturales inmuebles, en vez de ello prohíbe que se registren los mismos bienes patrimoniales, transgrediendo el artículo 13º de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación.

El INC, la Municipalidad Provincial y hasta Registros Públicos tienen la potestad de corregir las normas vigentes. El patrimonio Cultural de Arequipa y de todo el Perú esta en riesgo con este tipo de normas.

Denuncian a abogada de Cerro Verde

* Por Falsedad Genérica, Patricia Quiroz Pacheco, apoderada legal de Cerro Verde, fue denunciada por agricultores de Yarabamba.
* Litigio entre minera y APIAES toma nuevos caminos. Cerro Verde demanda orden de desalojo a agricultores y exige que levanten la orden de captura internacional que pesa sobre su ex presidente Randy Lee Davenport.

Vistaprevia/Hugo Mendoza CH.

La semana pasada la Sociedad Minera Cerro Verde ha dado un aporte voluntario de S/. 51 millones para Arequipa, con esta medida han colmado en parte el ánimo exacerbado de las autoridades y la población. Pero en el campo judicial Cerro Verde va perdiendo terreno en el proceso que mantiene con un grupo de agricultores de Yarabamba.
Resulta que la minera se encuentra enfrascada en un litigio judicial con la Asociación de Productores Industriales Agroecológicos del Sur (APIAES). La disputa es por la posesión de un terreno de 246 hectáreas, ubicado en Yarabamba. Los socios de APIAES argumentan que son los primeros posesionarios y la minera se defiende indicando que tiene un denuncio minero reconocido por el Ministerio de Energía y Minas.
Los agricultores no sólo han logrado que Randy Lee Davenport, ex presidente de Cerro Verde, fuera declarado reo ausente con orden de captura a nivel local, nacional e internacional, sino que han denunciado penalmente a la apoderada legal de la minera, Patricia Quiroz Pacheco y como Tercer Civil Responsable a la Sociedad Minera Cerro Verde por el delito de Falsedad Genérica. Esta denuncia se encuentra en la Quinta Fiscalía Provincial Penal.
Todo se remonta al 21 de junio de 2006, cuando Cerro Verde denunció penalmente a APIAES por el delito de Usurpación en la Sexta Fiscalía Provincial Penal. Pero un día antes de la inspección ocular, para determinar los presuntos daños causados por los agricultores, (alteración de linderos de la concesión minera Tiabaya 67, colocación de piedras, realización de zanjas, impidiendo el acceso a otras concesiones mineras) sospechosamente Cerro Verde retiró la denuncia.
“En la inspección ocular que iba a realizar la Fiscalía se debía determinar si efectivamente nosotros habíamos usurpado, como lo denunciaba la abogada de Cerro Verde, pero como no era cierto retiraron la denuncia un día antes de la inspección”, sostiene Félix Bejarano, presidente de APIAES. “Nosotros nunca hemos alterado ni abierto zanjas, eso es una mentira”, advirtió.
La Sexta Fiscalía Provincial Penal con fecha 11 de julio de 2007, resuelve no ha lugar la denuncia penal contra los agricultores por el delito de Usurpación. En el dictamen se lee que la denunciante Patricia Quiroz se desestima de la denuncia, aludiendo que los agricultores han procedido a rellenar las zanjas en su oportunidad, liberando todo obstáculo para el acceso de la concesión minera Tiabaya 67.
Asimismo, el año 2003, la SMCV denunció a los agricultores por el presunto delito de Usurpación ante la Quinta Fiscalía Penal, sin embargo, la denuncia fue desestimada por la misma Fiscalía.

DESALOJO
La disputa por la posesión de un terreno de 246 hectáreas, entre la SMCV y APIAES no tiene cuándo acabar, ahora la confrontación se ha traslado a lo Civil. Resulta que la SMCV ha interpuesto una demanda de desalojo por ocupación precaria en contra de siete socios de APIAES.
Esta denuncia se encuentra en el Primer Juzgado Civil del Módulo Básico de Justicia del distrito de Hunter, a cargo de la jueza, Silvia Sandoval Corimayta.
Lo extraño del caso, es que anteriormente Cerro Verde ya presentó una demanda de desalojo precario en contra del socio de APIAES, Juan Navarro.
El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil, rechazó esa demanda en todos sus extremos y la minera no apeló la resolución, pasando a la calidad de cosa juzgada.
El terreno en disputa de acuerdo a Registro de Predios de SUNARP aún no tiene título de propiedad. La SMCV tiene una concesión minera, con la Resolución Jefatural N° 01374-2000-RPM, de fecha 5 de abril del año 2000. Mientras, los socios de APIAES afirman tener posesión de los terrenos desde 1999, para lo cual sembraron plantaciones de tara.
El juicio entre la minera y los agricultores ha tenido diversos matices. El pasado 3 de agosto, Berly Cano, abogado de la minera presentó a favor de Cerro Verde dos argumentos de defensa. El primero es la Excepción de Naturaleza de Acción, que en cristiano significa que la minera quiere demostrar que los hechos denunciados por APIAES no tienen carácter penal. Y el segundo es la Cuestión Prejudicial, es decir, refieren que los hechos se investigan en la vía Civil, por lo tanto, no tienen connotación Penal.
El proceso judicial se extenderá más, no obstante, los integrantes de APIAES han mostrado su interés de llegar a un acuerdo extra judicial, es decir, conciliar con la mina y dejarles el terreno para que exploten los minerales hallados.
Para ello plantean dos posibles soluciones: Una es que Cerro Verde les proporcione un terreno en compensación en cualquier otra zona de la ciudad y la otra que les pague lo invertido en las plantaciones que hicieron en los terrenos en disputa. El promedio por agricultor sería 20 mil dólares.

VISTAZO
Días antes de que se realizara la Convención Minera, Cerro Verde ha logrado que a su ex presidente Randy Lee Davenport se le suspenda la captura internacional, sin embargo, los agricultores han apaleado y su demanda ha sido aceptada por el titular del Séptimo Juzgado Penal, Orlando Abril Paredes.