Copamiento aprista en diversas Instituciones del Estado

Las Instituciones dirigidas por Apristas, son copados por compañeros. Pero en Registros Públicos y COFOPRI se bate el record de copamiento.
Cuestionado Aprista, Manuel Gamarra, jefe zonal de SUNARP. Contrató a más de 30 personas con afiliación del partido de la estrella, lo mismo sucede en COFOPRI y otras instituciones del Estado a cargo de apristas.
El pasado de Gamarra es bastante cuestionado, no sólo por sus vínculos con Daniel Vera Ballón, sino sobre todo por sus denuncias de agresión a su entorno más cercano y de peculado en contra del Estado.
4º Intermedio/Hugo Mendoza CH.
No sólo en la capital han sido copadas las diversas Instituciones del Estado por Apristas. Sino que en Arequipa la historia de repite, Registros Públicos y COFOPRI son las dos instituciones en Arequipa en dónde más compañeros han encontrado un puesto de trabajo.
La experiencia profesional, los títulos, grados parecen valer poco a la hora de copar un puesto público. Todo indica que sólo hace falta tener el carné del Partido Aprista Peruano.
Manuel Gamarra Seminario, es jefe de la zona Registral Nº 12. Sede Arequipa (SUNARP) y es la Institución en dónde más compañeros del partido de la estrella se han visto favorecidos con un trabajo.
Gamarra apenas ocupó la dirección de SUNARP en el año 2007 empezó a meter a personas vinculadas con el Apra. Ese año la contratación que más llamo la atención fue de Iryna Delgado Huertas del Pino (antropóloga), ella fue contratada para la transferencia de la gestión y le pagaron 2 mil soles por las pocas semanas que laboró.
La Otra favorecida fue Felicitas Román Bazán, ella trabajó en Autodema y ocurre que por 15 días de trabajo se le pagó 2 mil 200 soles.
En la gestión de Gamarra sólo en el 2007 se ha contratado a 12 personas por Servicios no Personales (SNP), una persona en el Cuadro Asignación de Personal (CAP) y tres practicantes.
Pero en poco más de dos años de gestión a lado de Registros Públicos, Gamarra tiene trabajando a más de 40 personas en la modalidad CAS (Contrato Administrativo de Servicios), pero los practicantes suman más de 50 personas.
La mayoría de personas que han entrado a trabajar o hacer prácticas a Registros Públicos están vinculadas con el Apra.
Más copamiento en COFOPRI
COFOPRI en Arequipa tampoco se ha librado de los compañeros, en esta institución la renovación del personal fue más escandalosa, incluso existen medidas cautelares por despidos arbitrarios.
La cuestionada jefa de COFOPRI, Felicitas Román Bazán, tiene mucho que responder. Fuentes confidenciales nos informaron que hay más de 20 apristas trabajando en esta institución. Los despidos se produjeron más, porque no había un sindicato constituido.
Felícitas Román es amiga y ex secretaria general del Gobierno Regional de Arequipa, en la gestión de Daniel Vera.
Román trabajó poco tiempo en Registros Públicos, porque desde el 20 de septiembre del 2007 tuvo un inesperado ascenso y pasó a ocupar COFOPRI.
Román trabajó en 2004 en Autodema en el área de Asesoría Jurídica, allí contrató a Manuel Gamarra como asesor externo, también trabajó en esta entidad Lorena Vizcarra hermana de Rodolfo Vizcarra, amiguísimo y funcionario de Vera Ballón.
La jefa de COFOPRI siempre estuvo vinculada a Vera Ballón. En el año 2002 integró su Comando de Campaña.
El pasado oscuro de Gamarra
Gamarra no sólo ha cometido presuntas irregularidades como asesor jurídico, sino que ha agredido a su entorno más cercano.
Por ejemplo en el expediente 2005-214-VF se lee que Nelly Montenegro Beltrán, fiscal provincial de la Segunda Fiscalía de Familia del Ministerio Público, demanda a Manuel Gamarra por violencia familiar.
Por otra parte en el expediente Nº 265-2005 se le acusa a Gamarra por presunto delito de Peculado en agravio del Estado. Asimismo se le acusó a Gamarra de cobrar doble sueldo, uno como asesor legal del entonces presidente regional Daniel Vera Ballón, y otra por ser profesor de un colegio en la Provincia de Caylloma.
Otras Instituciones
En Banco de Materiales, Beneficencia Pública, PRONAA, SEAL, EGASA también se ha visto el copamiento aprista.
Relación de algunas personas que están trabajando o han trabajado en Registros Públicos
Jaime Cano Chavéz, Noel Pari Villanueva, Verona Arenas, Yusset Hernani Ayala,José Cárdenas Ticona, Felícitas Román Bazán, Iryna Delgado Huertas del Pino, Arleth Fernán Zegarra Aragón, Iván Sotomayor, Carmen Elena Pastor Muñoz, Óscar Aníbal Irrizábal Salas, José Luis Salas Cáceres, Naldy Canazas Ardiles, María Luisa Ojeda Pino, Cindy Pinto Quintana, Lucy Regina Alfaro Velásquez, Lucy Regina Cohaila Luque

Una muerte que no encuentra descanso ni justicia

Una muerte que no
encuentra descanso
ni justicia

* Hijo de ex fiscal es dueño del taxi que causó la muerte de Fernando Flores Gutiérrez.
* Conductor evitó que su SOAT cubra los gastos de curación. Flores murió después de cuatro horas de agonía. Proceso judicial aún sin resultado.

Vistaprevia/Hugo Mendoza CH.

La muerte en un fatal accidente de tránsito de Fernando Flores, a más de un año y medio, aún no tiene descanso. Su hijo Héctor Flores Concha, desde entonces no ha parado de demandar justicia, en medio de su indignación llegó a encadenarse en el frontis del Poder Judicial en Lima. Es que considera que esa muerte pudo evitarse.
La agonía de Flores por más de cuatro horas no tuvo la ayuda esperada, Marco Antonio Álvarez Chalco (conductor del taxi modelo Tico de placa EH9317) que le produjo la muerte, demoró 45 minutos para trasladarlo desde las inmediaciones del cementerio Parque de la Esperanza (Cerro Colorado) lugar del accidente, hasta la Clínica San Juan de Dios.
Álvarez no facilitó el SOAT para que sea atendido el paciente, aludiendo que él no lo había atropellado, por lo que tuvieron que trasladarlo al hospital Honorio Delgado. El dosaje etílico determinó que a la hora del accidente Álvarez estuvo ebrio (1.16 g/l). Además tenía la licencia de conducir suspendida. Los médicos de San Juan de Dios afirmaron que Álvarez se dio a la fuga. Recién tras la muerte de Flores se determinó que el vehículo tenía SOAT.
Tras la muerte de Flores, el 23 de abril del 2006, nuevas evidencias salen a la luz, además hay más de un interés de que Álvarez Chalco quede libre de toda culpa. Resulta que el dueño del “Tico” es Royce Marquez Oppe hijo del ex fiscal Jesús Lorenzo Marquez Medina, lo curioso del caso es que el ex fiscal ha sido abogado de Álvarez.
En la acusación Fiscal del 15 de diciembre de 2006, el Fiscal Jesús Bueno Cárdenas de la Primera Fiscalía Provincial Penal, establece que Royce Marquez Oppe es tercero civil responsable en la muerte de Flores. Además determina pedir 6 años de pena privativa de la libertad para Álvarez por el delito de homicidio culposos y contra la función jurisdiccional (fuga en accidente de tránsito), además de una reparación civil de 10 mil soles.
De la acusación fiscal hasta la sentencia (expediente 1275-2006-1JEP) dada por el juez Freddy Apaza Noblega del primer Juzgado Especializado Penal (el 20 de julio del 2007) las cosas han cambiado.
En el acta de sentencia se lee, se absuelve a Álvarez del delito contra la función jurisdiccional (fuga en accidente de tránsito), pero se determina que es autor del delito de homicidio culposo, se le impone pena privativa de la libertad de 4 años y una reparación civil de 25 mil soles.
Para el hijo del fallecido, Héctor Flores Concha la pena de que se le ha impuesto ha sido benigna, “la muerte de mi padre pudo evitarse el chofer conocía a mi padre, por que se demoro mas de 45 minutos es trasladarlo al hospital, mi padre murió por desangrado” afirma.
Asimismo sostiene “para mi este hecho es un homicidio doloso hasta un asesinato que no puede quedar impune, la justicia debe sancionarlo como tal”

Los jueces no han tomado en cuenta el delito de peligro común, por estar ebrio Álvarez. Héctor refiere que su padre tenía seguro salud. En el Hospital San Juan de Dios y en la Honorio Delgado el fallecido entro como NN, por lo que el SOAT no ayudo.
En la lectura de la sentencia el presentante del ministerio público Cesar Salas Mendoza estuvo conforme con la sentencia, no apeló, pero quien apeló fue Álvarez.
Actualmente este proceso se ventila en la Tercera Sala Penal integrado por los vocales Fernando Zavala Toya, Cecilia Aquise Díaz y Aquiles Quintanilla Berrios. Los vocales tienen una gran responsabilidad en determinar la inocencia o culpabilidad de Marco Antonio Álvarez.

Denuncian sospechoso favoritismo en SEAL

* Sindicato inconforme por incremento de salarios a sólo 12 de los 230 trabajadores.
* Entre los beneficiados figura la esposa del ex presidente regional Daniel Vera Ballón.

Vistaprevia/Hugo Mendoza CH.

Cuando en toda institución el incremento de sueldos es recibido con sumo agrado por los trabajadores, en la empresa SEAL ocurre lo contrario. Sucede que los actuales directivos de esta entidad que ha sido copada por el partido Aprista, aprobaron un incremento salarial que únicamente favorece a 12 personas. Entre los beneficiados figura la esposa del ex presidente regional aprista, Daniel Vera Ballón.
Es así que el Sindicato se ha pronunciado de manera tajante rechazando tal actitud a la que han calificado de injusta y discriminadora. El aumento en algunos casos llega a los 300 soles.
Según los dirigentes, los funcionarios de SEAL no han realizado un estudio en el cuadro de renumeraciones para determinar el aumento en los salarios. Este semanario tuvo acceso al Oficio Nº 098-2007-SUTSEAL dirigida al presidente del directorio Mauricio Chirinos, dónde el Sindicato Único de Trabajadores de esta empresa muestra su descontento con el aumento de las remuneraciones a sólo un grupo de personas.
Los sindicalizados manifiestan su rechazo indicando que se ha procedido sin ningún criterio de justicia o equidad. La misiva fue enviada el 13 de setiembre de 2007.
Otra situación que llama la atención es el hecho que se ha aumentado sólo a trabajadores que no están sindicalizados. Los que pertenecen al Sindicato Único de Trabajadores no han sido beneficiados.
Para el secretario del Sindicato de Trabajadores, Richard Llosa los aumentos deberían ajustarse a argumentos más sólidos. “El aumento debe tener mayor base, hay un desorden en el cuadro salarial de renumeraciones, ellos no son los únicos profesionales que merecían los aumentos”, refiere.
Las explicaciones por parte de la Gerencia General referido al aumento de sueldo no convencieron a los trabajadores de SEAL. La Gerencia señala que la medida se dio porque realizaron una calificación especial donde detectaron que algunos servidores tienen una labor más recargada. Que por ejemplo, dos secretarias ganan menos que los demás haciendo similares trabajos, algunos profesionales tienen mayor responsabilidad.
Pero para el sindicato no bastaron los argumentos y han indicado que de no establecer un cuadro de renumeraciones para el año 2008 existe la posibilidad de que se declaren en huelga.

PIDEN DESTITUCIÓN
De otro lado, los trabajadores a través de un volante que repartieron el último jueves durante la jornada de protesta, pidieron el cese de los hostigamientos laborales y exigieron la destitución inmediata del funcionario Jorge Albornoz Yánez. Expresan que tiene una reiterada conducta abusiva que daña la dignidad de las personas desafianzado la organización sindical.

FAVORECIDOS
Percy Castillo
Rony Valencia
Fanny Rendón
Amparo Granda
Verónica Valdivia
Gustavo Berenguel
Miguel Carpio
Miguel Gonzáles
José Ibárcena
Jaime Salazar
Giancarlo Pérez
Josué Tapia

Acusan a Cerro Verde por delito ecológico

*Más de tres mil plantaciones de Tara estarían siendo afectadas por contaminación en Yarabamba.

Vistaprevia/Hugo Mendoza CH.

La disputa por la posesión de un terreno en Yarabamba entre Sociedad Minera Cerro Verde y la Asociación de Productores Industriales Agroecológicos del Sur (APIAES) cada vez va tomando nuevos rumbos. Ahora los agricultores denuncian a la minera por delito ecológico.
Resulta que según los asociados de APIAES, más de tres mil plantaciones de árboles Tara están siendo afectados por la contaminación minera. “Nuestras plantaciones se han visto seriamente perjudicadas por el polvo que se ve en las hojas de las plantas”, afirmó Félix Bejarano, presidente de APIAES.
“La próxima semana formalizaremos la denuncia penal por delito ecológico, en salvaguarda del medio ambiente”, agregó. Señala además que APIAES tiene programado plantar más de 100 mil árboles de Tara.
Hace poco, VISTAPREVIA reveló que los niveles de PM10 (material particulado) en el distrito de Yarabamba sobrepasan los estándares de calidad del aire en su medición anual. La empresa Cerro Verde contrató a una consultora que increíblemente concluyó indicando que la presencia de PM10 se debe a que hay quema de pastos en la zona.
Esta situación resulta más que irrisoria, pues en la zona de influencia de la mina en Yarabamba no hay pastos. La zona es árida.
Y la mejor demostración que la empresa contamina, la dio la Dirección de Salud Ambiental, cuyos resultados también publicamos en este semanario. Allí se distinguía claramente que la presencia de material particulado en Yarabamba es elevado.
De otro lado, los agricultores de dicho distrito han mostrado su malestar por las operaciones de la minera en “Cerro Negro”.
“Las explosiones son fuertes, se siente como si fuese un temblor, en algunas casas se han abierto grietas y rajaduras”, señaló un poblador del lugar. Esta situación tiene que ser corroborada por las autoridades competentes.

UN JUICIO INCÓMODO
A más de tres años, el proceso judicial entre APIAES y la SMCV por la posesión de un terreno de 246 hectáreas, aún no se resuelve. Este lunes 19, recién empezará el informe oral en el Séptimo Juzgado Penal a cargo del juez Orlando Abril Paredes.
El juicio se inició tras la denuncia interpuesta por APIAES en la Tercera Fiscalía, por el presunto delito de usurpación en la modalidad de alteración de linderos contra el ex presidente de Cerro Verde, el norteamericano Randy Lee Davenport. Este hecho ocurrió el año 2003. APIAES en este litigio ha solicitado que a Cerro Verde se le considere como tercer civil responsable.
El Juez Orlando Abril antes de emitir pronunciamiento de la resolución sobre el pedido de los agricultores solicitó que se corra traslado a la Séptima Fiscalía Provincial Penal, a cargo de Julio Moscoso, esto con el fin de que el fiscal se pronuncie sobre si a Cerro Verde se le considera o no como tercer civil responsable.
El fiscal Moscoso el 27 de agosto de este año, opinó que se debería declarar procedente el pedido de los agricultores y consideró que la minera es tercer civil responsable, pero el juez Orlando Abril no tomó en cuenta la opinión de Moscoso y determinó lo contrario.
Los agremiados de APIAES han presentado un recurso de apelación a la Cuarta Sala Penal a cargo de los magistrados Chávez Zapater, Luna Regal y Munóz Rendón. La Sala antes de pronunciarse derivó la denuncia a la Cuarta Fiscalia Superior Penal. El dictamen está pendiente de pronunciamiento.
Para este litigio Cerro Verde ha contratado los servicios del ex presidente de la Corte Superior de Justicia, Berly Cano Suárez, el mismo abogado que cobró 85 mil soles a la Municipalidad Provincial por atender los juicios del ex alcalde Yamel Romero. En ese tiempo la hija de Cano laboraba en el municipio. El abogado de APIAES es el joven abogado Javier Ballón Allasi.
Entre la minera y APIAES existe más de un juicio. Por ejemplo hay la denuncia por falsedad genérica a Patricia Quiroz, otra abogada de Cerro Verde, además de la demanda de desalojo precario contra cada uno de los socios de APIAES interpuesta por la minera.
“El juicio es engorroso y se viene dilatando mucho”, señaló Bejarano. Lo cierto es que en el litigio quien lleva la delantera es APIAES, al menos así lo demuestra el avance del proceso y hasta la declaratoria como reo ausente al ex presidente de la SMCV ¿El gigante del cobre en Arequipa dejará que unos agricultores le ganen el juicio y la posesión de 246 hectáreas?

Alcaldes sobre rueda

*Burgomaestres de Callalli y Mariano Melgar gastaron 226 mil 535 soles en comprar lujosas camionetas y motos desconociendo Ley de Austeridad

Vistaprevia/Erika Romero Díaz

El lujo los caracteriza. Poco les importa la pobreza de su población. Se trata de los alcaldes de las municipalidades de Callalli (Caylloma) y de Mariano Melgar.
Los burgomaestres de ambos distritos: Maximiano Huayta Gonzáles (Callalli), y Óscar Ayala Arenas (Mariano Melgar) han adquirido lujosas camionetas sin importarles las normas de autoridad vigentes.
Ambos burgomaestres no se conocen pero comparten el gusto por las ruedas y las tuercas. Maximiano Huayta forma parte del movimiento Arequipa, Tradición y Futuro, que lidera el presidente regional, Juan Manuel Guillén Benavides. En tanto que Óscar Ayala pertenece al partido político Fuerza Democrática (FD) del abogado banquero Marco Falconí.
La compra de la camioneta en Callalli tiene ribetes de escándalo. Es una burla a la pobreza de su población. Así queda demostrado con las exigencias que figuran en las bases del proceso de compra. Los miembros del Comité Especial Permanente de la Municipalidad Distrital de Callalli, Roberto Vera Chalco, Daniel Gonzáles Vilcahuaman y Zacarías Condo Yucra expresaron que la camioneta es una diesel 4 x 4 turbo intercooler de color verde, del año y con capacidad para cuatro personas (doble cabina).
En cuanto al equipamiento interno cuenta con aire acondicionado, alarma de luces encendidas, cierre centralizado, computadora a bordo, radio AM y FM con CD, MP3, aire forzado y calefacción, entre otros detalles.
El lujoso vehículo, según la información publicada en el portal web del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), es para las áreas de Obras Públicas y Seguridad Ciudadana. Sin embargo, este semanario se comunicó vía telefónica con los pobladores del mencionado distrito y explicaron que quien utiliza la camioneta marca Toyota es el alcalde Maximiano Huayta Gonzáles.
Otro de los detalles que llama la atención es que el vehículo costó 87 mil 927 soles y se pagó a la empresa ganadora, Concesionarios Autorizados SAC, con el dinero del canon y sobrecanon.
La ley de canon específica que los recursos de canon y sobrecanon deben ser utilizados en ejecutar obras de impacto regional, tales como construcción y mejoramiento de carreteras, tendidos de redes de agua y desagüe, colegios, pero no para adquirir vehículos.
Especialistas consultados sobre este tema indicaron que el burgomaestre de Callalli, habría cometido el delito de peculado en la modalidad de malversación de fondos.
Además de esta compra, el 16 de este mes se adquirió una moto valorada en 12 mil 392 soles que sería asignada para la oficina de Seguridad Ciudadana. La compañía Aldamotors Servicio Automotriz fue la que ganó la licitación de Menor Cuantía.

AYALA ENTRE RUEDAS
No es corredor de autos como su hermano menor, William Ayala Arenas. No obstante, el alcalde de Mariano Melgar, Óscar Ayala, sabe de carros. En este municipio se convocó la licitación Directa Selectiva para dos camionetas doble cabina gasolineras 4x2, del año y dos motos para el área de Seguridad Ciudadana.
En el SEACE se lee que los dos primeros vehículos, tendrían sistema de ventilación y calefacción, radio AM, FM, reproductor de CD con 4 parlantes, faros halógenos, cinco velocidades más retroceso, entre otros detalles. El monto de estos lujosos vehículos ascendió a 118 mil 283 soles y quien se adjudicó la compra fue Concesionarios Autorizados SAC.
En cuanto a las motocicletas que compraron, ambas deben ser del año, tienen que tener una cilindrada de 124 CC, el sistema de arranque puede ser de patada y eléctrico, debe tener cinco velocidades y las llantas son todo terreno. Aldamotors Servicio Automotriz EIRL se adjudicó la compra de las motos y recibió cerca de 7 mil 933 soles.
Los Órganos de Control Institucional (OCI) de estas dos municipalidades deben investigar las compras de estos vehículos dado que la Ley del Presupuesto para el Sector Público para el 2007 (Ley 28927) prohíbe en el Artículo 4 la compra de automóviles, camionetas y station wagons salvo que éstas sean para la reposición en caso de pérdida total.


Vistazo: Es casi improbable que los regidores de ambos municipios decidan investigar estas compras ya que Maximiano Huayta Gonzáles y Óscar Ayala Arenas cuentan con la mayoría de concejales.

Justo Mayta se queda sólo

Justo Mayta se queda sólo

Regidores de Paucarpata denuncian a Justo Mayta de no brindarles información adecuada

Vistaprevia/Hugo Mendoza CH.

Justo Mayta no sólo se aferró al incremento de sueldo de más de cinco mil soles, sino que ahora afronta una férrea oposición de sus regidores. Son seis concejales, tanto de minoría como de mayoría, que han abandonado al alcalde de Paucarpata denunciando falta de transparencia en el manejo de su gestión.
Todo quedó evidenciado la semana pasada en una sesión de concejo, donde los seis regidores mostraron abiertamente su inconformidad por la poca información que se les brinda sobre lo que ocurre en la comuna distrital.
Los problemas se iniciaron en el mes de agosto cuando Mayta informó que se suscribió un convenio entre el Gobierno Regional y la comuna de Paucarpata para la ejecución de la Posta de Salud en la zona C-D de Miguel Grau, asimismo para el mejoramiento de la Av. Miguel Grau. El monto de cofinanciamiento se fijo en un millón 500 mil soles.
Pero sorpresivamente las cosas cambiaron. En la última sesión de consejo del 30 de octubre se informó que la obra ya no costará un 1 millón 500 mil soles sino un millón 800 soles. Los regidores no encontraron explicación alguna, no se les ha brindado información sobre el convenio.
Parar el regidor Juan Mamani Quea no se está respetando la ley. “El alcalde pide ampliación de presupuesto, pero nosotros no contamos con ningún tipo de información, estamos en contra de la forma como se vienen llevando las cosas en esta comuna”, comentó.Los regidores que salieron al frente son de diversas bancadas y afirman que no están en contra de las obras que se vienen llevado en Paucarpata, sino en la forma en que se realizan. Estos son los regidores Ubaldo Puma Fuentes, Consuelo Teodora Pacheco

Surge frente en contra de explotación de mineros

* En Arequipa más de 30 mil obreros de mina no están afiliados a un sindicato.

Vistaprevia/Hugo Mendoza CH.

En la inauguración de la nueva planta de sulfuros primarios de Cerro Verde la semana pasada, el presidente Alan García, destacó la bonanza de la minería, pero no dijo esta boca es mía respecto a las condiciones infrahumanas en las que laboran más de 30 mil pequeños y medianos mineros sin organización, esto sólo en Arequipa, pues a nivel nacional la cifra crece.
El “boom” minero no alcanza a quienes laboran en services, modalidad por la que han optado la mayoría de empresas mineras para contratar personal y no pagarle los beneficios sociales que la ley ordena.
La Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Susana Pinilla Cisneros, a través de un medio nacional señaló, que sólo 6 % de trabajadores acató la huelga minera. Agregó que se produjo una pérdida por 15 millones de dólares.
A decir de Zenón Mujica Secretario General Adjunto de la Federación de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú-Arequipa, existe una abierta explotación laboral de parte de las empresas mineras.
“Los sueldos de los mineros son pésimos en relación al trabajo que realizamos. Por 240 horas de trabajo mensuales, les pagan entre 850 soles y 1200 soles”, indicó.
La dirigencia que encabeza Mujica busca hacer respetar los derechos de los trabajadores.
En Arequipa, sólo en la Sociedad Minera Cerro Verde, minas Calpa, Arrutan, Orcopampa y algunas minas de Chala existen sindicatos, en el resto de minas simplemente no existen o las mineras no permiten que se constituyan.
El último viernes se ha formado un nuevo sindicato en la minera Pampa de Cobre, más conocida como Chapi.
Uber Nina, elegido como Secretario General, dice: “no sabíamos cómo defender nuestros derechos, ahora recién estamos organizados”.
Agregó que de los 400 trabajadores que existen en esa mina, la mayoría ha optado por sindicalizarse. Los mineros que no están sindicalizados son los que sufren más atropellos. En la región sólo cinco mil trabajadores mineros son sindicalizados.
Hace dos semanas, hubo una huelga nacional minera que provocó gran preocupación en las autoridades. No obstante, la demanda de los trabajadores no ha sido bien tomada por la mayoría de la población, ocurre que reclamaban que eliminen los topes en el reparto de la productividad. Con ello, las empresas ya no darían el aporte que anualmente dan a las regiones de donde extraen mineral.

JUBILACIÓN
No sólo el bajo sueldo que perciben afecta a los mineros sino que las leyes no les favorecen. El promedio de vida de un trabajador minero es de 50 años. Sin embargo, los que están afiliados a las AFPs deben jubilarse a los 65 años.
La principal enfermedad que sufren los mineros es la silicosis, producto de los gases tóxicos, que atacan directamente a los pulmones.


La Ministra Pinilla informó que de las más de once mil inspecciones realizadas el presente año, cerca del 30 % se han realizado en el sector minero, habiendo abarcado no sólo a las empresas principales, sino a las de intermediación laboral y a las contratistas y subcontratistas.
Eso no basta, hasta el momento ninguna minera ha sido sancionaba por abuzar de sus trabajadores, además no se ha hecho nada por regular la minería informal donde esta el grueso de los trabajadores mineros. Ha este paso cuando se acabe la bonanza minera, muchos pueden ser los perjudicados.