Denuncian a abogada de Cerro Verde

* Por Falsedad Genérica, Patricia Quiroz Pacheco, apoderada legal de Cerro Verde, fue denunciada por agricultores de Yarabamba.
* Litigio entre minera y APIAES toma nuevos caminos. Cerro Verde demanda orden de desalojo a agricultores y exige que levanten la orden de captura internacional que pesa sobre su ex presidente Randy Lee Davenport.

Vistaprevia/Hugo Mendoza CH.

La semana pasada la Sociedad Minera Cerro Verde ha dado un aporte voluntario de S/. 51 millones para Arequipa, con esta medida han colmado en parte el ánimo exacerbado de las autoridades y la población. Pero en el campo judicial Cerro Verde va perdiendo terreno en el proceso que mantiene con un grupo de agricultores de Yarabamba.
Resulta que la minera se encuentra enfrascada en un litigio judicial con la Asociación de Productores Industriales Agroecológicos del Sur (APIAES). La disputa es por la posesión de un terreno de 246 hectáreas, ubicado en Yarabamba. Los socios de APIAES argumentan que son los primeros posesionarios y la minera se defiende indicando que tiene un denuncio minero reconocido por el Ministerio de Energía y Minas.
Los agricultores no sólo han logrado que Randy Lee Davenport, ex presidente de Cerro Verde, fuera declarado reo ausente con orden de captura a nivel local, nacional e internacional, sino que han denunciado penalmente a la apoderada legal de la minera, Patricia Quiroz Pacheco y como Tercer Civil Responsable a la Sociedad Minera Cerro Verde por el delito de Falsedad Genérica. Esta denuncia se encuentra en la Quinta Fiscalía Provincial Penal.
Todo se remonta al 21 de junio de 2006, cuando Cerro Verde denunció penalmente a APIAES por el delito de Usurpación en la Sexta Fiscalía Provincial Penal. Pero un día antes de la inspección ocular, para determinar los presuntos daños causados por los agricultores, (alteración de linderos de la concesión minera Tiabaya 67, colocación de piedras, realización de zanjas, impidiendo el acceso a otras concesiones mineras) sospechosamente Cerro Verde retiró la denuncia.
“En la inspección ocular que iba a realizar la Fiscalía se debía determinar si efectivamente nosotros habíamos usurpado, como lo denunciaba la abogada de Cerro Verde, pero como no era cierto retiraron la denuncia un día antes de la inspección”, sostiene Félix Bejarano, presidente de APIAES. “Nosotros nunca hemos alterado ni abierto zanjas, eso es una mentira”, advirtió.
La Sexta Fiscalía Provincial Penal con fecha 11 de julio de 2007, resuelve no ha lugar la denuncia penal contra los agricultores por el delito de Usurpación. En el dictamen se lee que la denunciante Patricia Quiroz se desestima de la denuncia, aludiendo que los agricultores han procedido a rellenar las zanjas en su oportunidad, liberando todo obstáculo para el acceso de la concesión minera Tiabaya 67.
Asimismo, el año 2003, la SMCV denunció a los agricultores por el presunto delito de Usurpación ante la Quinta Fiscalía Penal, sin embargo, la denuncia fue desestimada por la misma Fiscalía.

DESALOJO
La disputa por la posesión de un terreno de 246 hectáreas, entre la SMCV y APIAES no tiene cuándo acabar, ahora la confrontación se ha traslado a lo Civil. Resulta que la SMCV ha interpuesto una demanda de desalojo por ocupación precaria en contra de siete socios de APIAES.
Esta denuncia se encuentra en el Primer Juzgado Civil del Módulo Básico de Justicia del distrito de Hunter, a cargo de la jueza, Silvia Sandoval Corimayta.
Lo extraño del caso, es que anteriormente Cerro Verde ya presentó una demanda de desalojo precario en contra del socio de APIAES, Juan Navarro.
El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil, rechazó esa demanda en todos sus extremos y la minera no apeló la resolución, pasando a la calidad de cosa juzgada.
El terreno en disputa de acuerdo a Registro de Predios de SUNARP aún no tiene título de propiedad. La SMCV tiene una concesión minera, con la Resolución Jefatural N° 01374-2000-RPM, de fecha 5 de abril del año 2000. Mientras, los socios de APIAES afirman tener posesión de los terrenos desde 1999, para lo cual sembraron plantaciones de tara.
El juicio entre la minera y los agricultores ha tenido diversos matices. El pasado 3 de agosto, Berly Cano, abogado de la minera presentó a favor de Cerro Verde dos argumentos de defensa. El primero es la Excepción de Naturaleza de Acción, que en cristiano significa que la minera quiere demostrar que los hechos denunciados por APIAES no tienen carácter penal. Y el segundo es la Cuestión Prejudicial, es decir, refieren que los hechos se investigan en la vía Civil, por lo tanto, no tienen connotación Penal.
El proceso judicial se extenderá más, no obstante, los integrantes de APIAES han mostrado su interés de llegar a un acuerdo extra judicial, es decir, conciliar con la mina y dejarles el terreno para que exploten los minerales hallados.
Para ello plantean dos posibles soluciones: Una es que Cerro Verde les proporcione un terreno en compensación en cualquier otra zona de la ciudad y la otra que les pague lo invertido en las plantaciones que hicieron en los terrenos en disputa. El promedio por agricultor sería 20 mil dólares.

VISTAZO
Días antes de que se realizara la Convención Minera, Cerro Verde ha logrado que a su ex presidente Randy Lee Davenport se le suspenda la captura internacional, sin embargo, los agricultores han apaleado y su demanda ha sido aceptada por el titular del Séptimo Juzgado Penal, Orlando Abril Paredes.